Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Es evidente que los artistas colombianos adquirieron hace cuarenta (40) años un estatuto legal, promovido por el Maestro Jorge Villamil Cordobés y por el compositor vallenato Rafael Escalona, comprobada la voluntad del Congreso de la República luego de la muerte del canta-autor Crescencio Salcedo, fallecido en la más infinita pobreza. Por la misma época, Wilson Choperena, redactaba y ensayaba desde Barrancabermeja la ‘Pollera Colorá’, que le fue vendida a uno de sus compañeros de aventura y que murió pobre como celador de un colegio en Bogotá.
Se creó un estatuto legal que fue redactado en sus contenidos para apoyar a los autores, compositores e intérpretes, mediante unas organizaciones artísticas que fueron tomando forma a medida que desde Medellín y Bogotá empezaban a levantarse sendos edificios, financiados con las cuotas que empezaban a pagar las emisoras y canales de televisión, que se han multiplicado como las estrellas de los cielos en la fosa sideral de los recuerdos.
Ocupaban curul en la Cámara de Representantes de Colombia los congresistas César Pérez García y Fabio Valencia (antioqueños), Rafael Serrano Prada (santandereano) y Luis Eduardo Córdoba Barahona (Nariñense), que convirtieron en ley de la república los ‘Derechos de ejecución musical’, que ahora recaudan millonarias sumas de dinero por los eventos musicales que se realizan en las ferias municipales, en las fiestas de cumpleaños de entidades territoriales, en las trasmisiones de radio y televisión, y en el uso de la música bajo cualquier pretexto.
Las Casas de la Cultura de diferentes municipios de Santander y de Colombia, fueron obligadas a pagar unos tributos extralegales, sin sustento jurídico, por la música que ha venido acompañando toda clase de eventos. La organización Sayco – Acinpro impone las tarifas a su arbitrario, utilizando en muchas ocasiones a organismos judiciales para el chantaje a los concesionarios de radio y televisión.
En los últimos años y con el fin de incrementar su patrimonio económico y el infinito recaudo de millonarias sumas de dinero por derechos de ejecución musical, crearon unas ‘Brigadas de Búsqueda’, compuestas por abogados que hacen parte de la línea de cobranza de estos tributos.
Las tarifas de Sayco y Acinpro han sido impuestas cada año desde Medellín y desde Bogotá, donde funcionan las dependencias administrativas, bajo la amenaza de utilizar a la justicia para el cobro coactivo de unos tributos, que no tienen sustento legal, porque obedecen al criterio exclusivo de los directivos de estas organizaciones, contra los dueños de plataformas comerciales, contra los gobernadores y alcaldes que organizan las temporadas de ferias de diferentes regiones del país, hasta cobrarles sumas impagables, bajo el pretexto de proteger a los artistas.
No fue ese el espíritu de la legislación sobre derechos de autor para los cantautores e intérpretes de la música. Lo que se aprobó en el Congreso de la República, por intervención del Maestro Rafael Escalona y del maestro Jorge Villamil Cordobés, fue un mecanismo para ayudar al sostenimiento de los artistas pobres, como Crescensio Salcedo y Wilson Choperena, que murieron de ‘empobrecimiento ilícito’ y que tuvieron que vender las partituras de sus canciones para poder sobrevivir con dignidad en medio de la pobreza. Abramos el debate para proteger la fuente nutricia de las leyes que han promovido y apoyado el talento de los artistas colombianos.
