Ramoncito: prófugo colombiano de francachela y comilona en Nicaragua

La escena resulta tan ofensiva como reveladora. Mientras en Colombia la justicia lo busca, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, aparece retratado no en la discreción que cabría esperar de alguien requerido por las autoridades, sino en plena fiesta, sonriente y sin pudor, en un evento oficial en el exterior. Una postal de descaro que hoy tiene en la mira a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Nicaragua, y que ha encendido la indignación pública.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Este lunes 16 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de ambas dependencias, tras las presuntas irregularidades ocurridas durante una celebración realizada el pasado 11 de diciembre. Según la información revelada por medios de comunicación, en el evento, promovido por la propia entidad diplomática, se habría permitido la presencia de González, señalado por las autoridades como prófugo de la justicia colombiana.

La Sala Disciplinaria de Instrucción fue clara en su preocupación: nadie avisó. Ningún funcionario dio alerta a las autoridades competentes.

Nadie, al parecer, consideró problemático que un hombre requerido por la justicia compartiera copas, música y sonrisas bajo el amparo de una misión diplomática colombiana. La pregunta es tan obvia como incómoda: ¿fue negligencia, complicidad o una peligrosa normalización del irrespeto a la ley?

El Ministerio Público busca establecer las razones por las cuales el exdirector del DNI pudo estar allí, con total tranquilidad, sin que se activaran los protocolos mínimos que exige el Estado de derecho.

Porque no se trata solo de una omisión administrativa. Se trata de un mensaje devastador para el país: que mientras a muchos ciudadanos se les exige cumplir la ley hasta el último detalle, otros pueden burlarse de ella, cruzar fronteras y asistir a fiestas oficiales como si nada debieran.

La indignación crece cuando se recuerda el cargo que ocupó González. No era un funcionario menor. Dirigió la inteligencia del Estado. Conocía los engranajes del poder, los silencios convenientes y las zonas grises. Verlo hoy, presuntamente prófugo y de parranda en el exterior, no solo es una afrenta a la justicia, sino una bofetada a la institucionalidad que alguna vez representó.

Con la apertura de esta indagación, la Procuraduría intenta establecer si hubo o no una conducta disciplinable y si los funcionarios involucrados actuaron amparados en alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Para ello, decretó la práctica de varias pruebas. Sin embargo, más allá de los tecnicismos jurídicos, el daño ya está hecho. La imagen de un prófugo celebrando bajo la sombra del Estado colombiano deja una sensación amarga de impunidad y descomposición.

El país espera respuestas, y no eufemismos. Porque la diplomacia no puede convertirse en refugio de silencios cómplices, ni las embajadas en escenarios donde la ley se suspende entre brindis y aplausos. Este episodio exige algo más que una investigación: exige una explicación política, institucional y moral. Y, sobre todo, exige que la justicia deje de llegar tarde, mientras algunos siguen de fiesta.