“Apreciados congresistas, desde las universidades públicas del país les pedimos que apoyen esta reforma. Necesitamos recursos más estables y más reales para seguir creciendo en nuestra formación e investigación, que es lo que requiere Colombia para avanzar hacia la paz”.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El autor de la frase que sirve como entradilla a este texto periodístico es el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras, quien durante una entrevista con el periódico EL FRENTE destacó la importancia de que el Congreso de la República apruebe un artículo clave que garantizará la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Colombia.

El directivo insistió en que el financiamiento no puede seguir dependiendo de la voluntad de los gobiernos de turno, sino que debe consolidarse como una política de Estado, estable y perdurable en el tiempo.

Según explicó Porras, en los últimos años los recursos asignados a las universidades han tenido un crecimiento, especialmente durante la administración del presidente Gustavo Petro, en comparación con el periodo anterior. Sin embargo, advirtió que la permanencia de esos recursos no está asegurada y que, ante un eventual cambio de gobierno, podrían recortarse o eliminarse.

Más allá de los gobiernos

El rector insistió en que la estabilidad financiera de las universidades debe quedar blindada frente a coyunturas políticas o cambios de gobierno. Según él, solo bajo una política de Estado será posible garantizar que la educación pública superior siga siendo un motor de equidad, movilidad social y desarrollo científico.

“El Congreso ha sido responsable en la apropiación de recursos, pero necesitamos avanzar hacia un modelo que asegure la permanencia de estos aportes a largo plazo. La educación no puede depender de la coyuntura política; es un asunto de nación”, puntualizó.

Con este mensaje, el rector de la UIS se suma a las voces de rectores y directivos de otras universidades públicas que, en los últimos meses, han reiterado la urgencia de contar con una financiación estructural y sostenible para el sistema universitario estatal colombiano.

“Necesitamos permanencia, crecimiento y una distribución diferente de los recursos. Ese financiamiento debe convertirse en política de Estado y no en política de gobierno”, afirmó el rector.

El directivo señaló que, actualmente, los incrementos presupuestales anuales están ligados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que en los últimos años ha crecido mucho menos que el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Esta situación genera un desfase, pues gran parte de los gastos universitarios están indexados al salario mínimo y no al IPC.

“Cada año, aunque pareciera que recibimos más, en realidad nos quedamos cortos. Los costos reales suben al ritmo del salario mínimo, pero nuestro presupuesto solo aumenta con el IPC. Allí nace la diferencia que nos afecta de manera estructural”, explicó.

Las cifras de la UIS

El rector precisó que, en la actualidad, la UIS recibe anualmente cerca de 260 mil millones de pesos para funcionamiento, cifra que se ajusta de acuerdo con el IPC. No obstante, los gastos de la institución superan esa proyección, lo que genera un déficit operativo permanente.

Para enfrentar esa problemática, el proyecto de ley que discute el Congreso propone que el DANE diseñe una canasta de costos específica para la educación superior, distinta al IPC, que refleje con mayor precisión los gastos reales de las universidades y permita un ajuste presupuestal más justo y sostenible.

Por esta razón, en su intervención, Porras hizo un llamado directo a los legisladores para que respalden la iniciativa que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, norma que regula la educación superior en Colombia.

¿Hay plan de contingencia si el Congreso no aprueba la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992?

Hasta ahora, están aprobados los artículos 1, 5 y 7, que reconocen la educación como un derecho, establecen principios de equidad e inclusión, y plantean un crecimiento progresivo de los recursos. Son avances significativos, pero el paso decisivo está en los artículos que transforman de fondo la manera en que se financia la educación superior pública en el país.

Durante el gobierno del Presidente Gustavo Petro, se han girado recursos adicionales como nunca en la historia a las Instituciones de Educación Superior públicas, reconociendo las brechas acumuladas de desfinanciamiento y la urgencia de ampliar la cobertura para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Estos esfuerzos han permitido importantes avances en calidad, infraestructura, bienestar y permanencia estudiantil, pero no bastan: se requiere una ley que garantice la sostenibilidad en el tiempo.

La reforma planteada no solo responde a las necesidades financieras actuales, sino que asegura que las universidades puedan crecer y transformarse al ritmo de los retos del país. Es un proyecto que permitirá abrir más cupos para los jóvenes en todas las regiones, contratar más docentes en condiciones dignas, ampliar la infraestructura, fortalecer la investigación y mejorar los laboratorios y escenarios de práctica.

Si el Congreso no aprueba la reforma, las Instituciones de Educación Superior públicas verán limitadas sus posibilidades de crecer y responder a las demandas de la sociedad; hoy los recursos crecen menos que los gastos, lo que ya ha generado dificultades en la financiación de proyectos estratégicos, deterioro en infraestructura y restricciones para la investigación.

Eso sería un golpe muy fuerte para los estudiantes más pobres de Colombia quienes vienen de zonas rurales o familias humildes porque ellos dependen de la universidad pública para construir su futuro. Durante décadas, los movimientos estudiantiles han luchado para que la educación sea un derecho real; esta reforma es una oportunidad histórica para honrar esa lucha.

Este Gobierno está convencido de que brindar oportunidades de educación superior pública es la mejor manera de transformar la vida de miles de jóvenes, apartarlos de la violencia y la guerra, y dar a sus familias verdaderas posibilidades de movilidad social. La educación superior pública es el camino para cambiar las condiciones de vida, construir equidad y reducir la pobreza.

¿Por qué este proyecto es tan importante?

·         Porque cambia la forma de financiar la educación superior: los recursos ya no crecerían solo al ritmo de la inflación, sino según los costos reales de la institución de educación superior.

·         Porque incluye a las instituciones técnicas y tecnológicas, que antes no recibían apoyo suficiente de la Nación.

·         Porque pone metas claras de más cobertura, más calidad, más equidad y cierre de brechas regionales.