Recusación sacude el Concejo y frena millonario empréstito en Bucaramanga

La discusión sobre el multimillonario endeudamiento que pretende comprometer las finanzas de Bucaramanga por más de dos décadas terminó convertida en un campo de batalla político, jurídico y hasta físico. Lo que estaba previsto como la sesión definitiva para aprobar en segundo debate el empréstito impulsado por la Alcaldía, se desmoronó en cuestión de horas tras una jugada que alteró por completo el tablero: la recusación contra los 19 concejales radicada por el representante a la Cámara Cristian Avendaño.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La acción, presentada ante la Secretaría del Concejo, no solo puso en entredicho la legalidad del trámite del Proyecto de Acuerdo 011 de 2026, sino que obligó a suspender de facto la plenaria en la que, según las cuentas políticas, al menos 13 cabildantes estarían listos para darle luz verde al endeudamiento.

El efecto fue inmediato: el debate quedó congelado y el expediente ahora deberá ser remitido a la Procuraduría General de la Nación, que tendrá la última palabra sobre la validez de la recusación y la posible existencia de conflictos de interés.

Avendaño fue tajante y elevó el tono de la controversia al asegurar que la recusación se fundamenta en una omisión grave: ninguno de los concejales habría declarado posibles impedimentos antes de iniciar la discusión.

En su lectura, esto abre la puerta a un vicio de procedimiento que podría contaminar todo el trámite del empréstito. Según explicó, la Procuraduría deberá indagar si existen vínculos directos o indirectos entre los cabildantes (o sus familiares en primer y segundo grado) y las zonas impactadas por los proyectos que se financiarían con los recursos del crédito.

El señalamiento es grave. De acuerdo con el congresista, algunas de las investigaciones preliminares apuntan a que varios concejales tendrían familiares residiendo en sectores como el Mutis, uno de los puntos neurálgicos de las obras planteadas. Esto, advirtió, podría traducirse en beneficios económicos derivados de valorización o plusvalía, configurando un eventual conflicto de interés que debió ser declarado oportunamente.

Mientras la discusión jurídica avanzaba por un carril, dentro del recinto el ambiente se desbordaba por otro. La jornada estuvo marcada por un clima de alta tensión que escaló rápidamente desde el debate político hacia el enfrentamiento abierto. Concejales cruzaron acusaciones en voz alta, se interrumpieron mutuamente y elevaron el tono hasta convertir la plenaria en un escenario de confrontación permanente. En las barras, el público no fue un espectador pasivo: gritos, insultos y recriminaciones cruzadas terminaron por encender aún más los ánimos, al punto de registrarse amagues de pelea que obligaron a intervenciones para evitar que la situación pasara a mayores.

En medio de ese ruido, la discusión de fondo quedó parcialmente eclipsada, aunque no menos cuestionada. Avendaño insistió en que el empréstito carece de sustento técnico sólido. Señaló que los proyectos que servirían de base para el endeudamiento no han pasado por el banco de proyectos, no cuentan con estudios de ingeniería de detalle y, más grave aún, no tienen claridad sobre condiciones financieras clave como tasas de interés o plazos de amortización. En su concepto, el argumento de la administración (que presenta el crédito como la única vía de financiación) evidencia una falta de estructuración que debió resolverse antes de llegar al Concejo.

El congresista fue más allá y planteó un escenario que, de confirmarse, pondría en entredicho la racionalidad misma del proyecto: endeudar a la ciudad por más de 20 años para financiar obras que, según él, no resolverían los problemas estructurales de movilidad. Cuestionó particularmente la pertinencia de retomar iniciativas concebidas desde 2008 bajo condiciones urbanas completamente distintas a las actuales. A su juicio, insistir en esas soluciones es desconocer la transformación que ha tenido Bucaramanga en casi dos décadas.

Uno de los puntos más críticos es la intervención proyectada en la conexión de la carrera novena con la calle 45. Avendaño advirtió que, incluso bajo los propios estudios que respaldan el proyecto, la solución propuesta podría terminar replicando los mismos cuellos de botella que pretende eliminar. La posibilidad de incorporar semáforos dentro de la futura infraestructura, dijo, no haría más que aplazar el problema unos años, sin resolverlo de fondo, mientras la ciudad asume una carga financiera que podría superar los 700 mil millones de pesos al incluir intereses.

El choque de visiones es frontal. De un lado, la administración del alcalde Cristian Portilla defiende el empréstito como una herramienta necesaria para destrabar obras estratégicas, especialmente en movilidad, y cerrar el rezago histórico en infraestructura. Del otro, sectores políticos y ahora el propio Avendaño advierten que se estaría comprometiendo el futuro fiscal de Bucaramanga sobre bases técnicas débiles y bajo un procedimiento que podría estar viciado.

Por ahora, el proceso queda en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si los concejales estaban obligados a declararse impedidos y si la omisión señalada invalida su participación en el debate. Entre tanto, el empréstito queda en un limbo jurídico que retrasa su aprobación y redefine el pulso político en el Concejo.

 La escena que dejó la jornada no es menor: un proyecto de más de medio billón de pesos frenado, un cabildo fracturado, una ciudadanía dividida y un recinto que, por momentos, dejó de ser un espacio de deliberación para convertirse en una olla a presión a punto de estallar. En Bucaramanga, el debate sobre el futuro financiero de la ciudad ya no solo se libra con cifras, sino también con acusaciones, tensiones y una creciente desconfianza sobre las reglas del juego.