Reeligieron al Gerente del Acueducto a espaldas de la administración municipal

La reciente ratificación del Gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, destapó una tensión que trasciende un simple relevo administrativo, ya que deja al descubierto la toma de control que un grupúsculo consolidó dentro de la empresa, pese a  que el Municipio posee el 78% de las acciones y debería liderar las decisiones estratégicas para administrar laempresa.

La forma en que se consumó la permanencia de Juan Carlos Suárez en el máximo cargo de la entidad, reveló un manejo cerrado, excluyente y ajeno a los intereses de la ciudad, como denunció el Alcalde designado, Javier Sarmiento Olarte, quien conoció el hecho demasiado tarde y cuando ya era irreversible.

El episodio deja en evidencia que los delegados municipales en la junta, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, ambos procedentes del gabinete de la pasada administración, actuaron más alineados con las estructuras internas del Acueducto que con la responsabilidad que implica representar a Bucaramanga.

Su silencio frente a una decisión que exige transparencia y rigor institucional agrava la sensación de que la empresa opera bajo lógicas que no responden al socio mayoritario.

El malestar de Sarmiento Olarte cobra peso adicional en un momento en el que la entidad enfrenta cuestionamientos por el plan masivo de reposición de medidores, sobre el cual existe aún un pronunciamiento convincente por parte del amb.

Ese proceso, ejecutado sin garantías suficientes para los usuarios, arrastra denuncias por vulneraciones al debido proceso y por cobros derivados de cambios impuestos sin notificación o discusión previa.

La continuidad del Gerente, sin debate ni información previa al accionista principal, sugiere una resistencia interna a corregir prácticas que ya afectan directamente a miles de hogares.

El Alcalde designado exigió una asamblea extraordinaria para revisar tanto la designación del Gerente como las reglas que rigen el funcionamiento corporativo.

Su planteamiento no busca interferir en la autonomía de la junta, sino impedir que esta se convierta en un blindaje para excluir al Municipio de decisiones que comprometen el futuro del servicio público más sensible de la región o de tomar decisiones que afecten a los consumidores.

Bucaramanga y su Área Metropolitana necesitan de un Acueducto con manejos transparentes e íntegros, sometido a controles, no a pactos silenciosos que generan una tensión institucional, la cual hoy se hace visible y que revela una grieta que Bucaramanga no puede normalizar.

Si el socio mayoritario queda marginado, el equilibrio entre control político, responsabilidad administrativa y vigilancia ciudadana se rompe, es por eso que de allí se desprende que la conducción del Acueducto exige nitidez absoluta, procesos verificables y decisiones tomadas de frente a la comunidad, porque, en caso contrario, la empresa que debe garantizar el agua de todos, estará atrapada en manos de intereses que actúan sin responder por sus efectos.