Resumen
El artículo opina que los gremios económicos principales en Colombia deberían tener representación en la legislatura para tomar decisiones clave. Critica el gasto actual en congresistas y sugiere un replanteamiento del esquema parlamentario para incluir a agricultores, ganaderos e industriales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Los gremios económicos de mayor importancia en el país deberían tener representación en la rama legislativa del poder público, para darles a los sectores de la producción y del trabajo una mayor responsabilidad en la expedición del ordenamiento jurídico. En un sistema bicameral, como el que existe en Colombia, los presidentes de las organizaciones gremiales deberían tener voz y voto en el parlamento colombiano.
Acaba de realizarse en Medellín el encuentro de los empresarios que hace ochenta años crearon la Asociación Nacional de Industriales –Andi -, donde toman asiento las figuras más representativas de la economía nacional. El Ministro de Hacienda, por ejemplo, debería ser elegido por los gremios de la producción y del empleo, para buscar el equilibrio en las finanzas del país y en el control de la burocracia oficial, que devora cada año más del setenta y cinco por ciento (75%) de las finanzas de la nación.
Esa gigantesca nómina de congresistas que tiene Colombia, la mayoría de los cuales pierden el tiempo en otros menesteres, distintos al trámite de los asuntos que interesan al desarrollo de las regiones, debería ser revisada. Las denominadas curules para la paz, que también devengan alrededor de cuarenta y cinco millones de pesos mensuales, no tienen oficio distinto al de manejar una nómina de secretarias, ujieres, choferes y escoltas, cada vez más crecida y costosa.
Los egresos a cargo de la nación para el funcionamiento de la inmensa flota de camionetas Toyota, con elevado blindaje para su seguridad y la de los congresistas, le representaron en este periodo legislativo más de CINCO BILLONES DE PESOS, alrededor de una reforma tributaria, innecesaria e inútil. El derroche de dineros oficiales en los viajes del presidente de la república y sus respectivas comitivas, al exterior y la creación de nuevas embajadas, especialmente en el continente africano para darle gusto a la señora Vicepresidenta, solamente contribuye a la feria de vanidades de quienes ejercen el usufructo de los altos cargos.
El sostenimiento de dieciséis mil escoltas de la denominada ‘Unidad Nacional de Protección’, con la misión de proteger la vida de los parlamentarios y de sus familias, los magistrados de las altas cortes, los ministros y gerentes de institutos descentralizados, se ha convertido en una quinta organización armada en Colombia, de rango militar, para proteger también a supuestos ‘Gestores de paz’, a guerrilleros en plan de desmovilización, a diputados, alcaldes, gobernadores y hasta miembros de la jerarquía eclesiástica. A muchos escoltas de la Unidad Nacional de Protección los han sorprendido en los retenes militares transportando guerrilleros y narcotraficantes, con sus respectivos cargamentos de estupefacientes.
Es necesario replantear el esquema parlamentario en Colombia de tal manera que los gremios, los agricultores, los ganaderos, los industriales y las centrales obreras, mantengan un cupo permanente en las cámaras legislativas, al igual que los voceros de los partidos políticos que hayan sido capaces de mantener unos resultados electorales, superiores al cinco por ciento (5%) de la población colombiana.
