Renunció el encargado de Derechos Humanos de Bukele: ¿Presión política o desacuerdo interno?

En medio de la creciente tensión por la detención de líderes sociales en El Salvador, el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán, presentó su renuncia al cargo que ocupaba desde hace casi dos años. Su salida se conoció pocas horas después de que se reportara la captura de al menos tres activistas reconocidos por su trabajo en defensa del medio ambiente, la transparencia y los derechos del campesinado.

“Hoy cierro un capítulo que marcó profundamente mi vida y me llenó de aprendizajes junto al pueblo salvadoreño y al liderazgo transformador del presidente Nayib Bukele”, escribió Guzmán en la red social X, donde compartió una carta dirigida al mandatario, fechada el 15 de mayo, en la que formaliza su renuncia. El documento oficial de respuesta firmado por la Presidencia salvadoreña confirma que la dimisión fue aceptada y será efectiva a partir del 16 de mayo, solicitando a Guzmán el cierre de procesos y entrega de expedientes pendientes.

En su mensaje, el ahora exfuncionario aseguró que su decisión no obedece a un distanciamiento con la administración de Bukele: “Renuncio con gratitud y admiración, consciente de que el camino hacia grandes cambios nunca es recto ni simple, pero siempre necesario. Seguiremos avanzando, construyendo futuros donde la dignidad, seguridad y justicia sean realidades para todos”, expresó.

La salida de Guzmán se produce mientras el país enfrenta críticas por la reciente detención de tres activistas sociales: Ruth López, jefa Anticorrupción de la organización humanitaria Cristosal; Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambiental; y José Ángel Pérez, presidente de una cooperativa campesina. Las circunstancias de sus capturas aún no han sido plenamente esclarecidas por las autoridades, pero organizaciones de derechos humanos alertan sobre posibles motivaciones políticas detrás de las acciones judiciales.

Estos hechos reavivan el debate nacional e internacional sobre la situación de las libertades civiles y políticas en El Salvador, en un contexto marcado por la implementación del régimen de excepción, prolongado desde 2022 como medida para enfrentar a las pandillas, y que ha sido señalado por múltiples organismos por generar abusos sistemáticos.

Durante su paso por el Gobierno, Andrés Guzmán mantuvo una postura férrea en defensa del Ejecutivo de Bukele, incluso ante señalamientos internacionales. En julio de 2023, en una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Guzmán aseguró que “no hay una sola denuncia” formal por agresiones contra periodistas en instancias oficiales salvadoreñas, desestimando los informes de espionaje mediante el software Pegasus denunciados por varios comunicadores.

“Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que se han hecho acerca de que en El Salvador existen torturas, violaciones a la libertad de expresión o acoso contra periodistas”, declaró en esa ocasión, desconociendo también las alertas sobre violaciones en los centros penitenciarios. Un año después, en julio de 2024, reiteró ante la CIDH que “no hay torturas” en las cárceles salvadoreñas y que “no se asesinan personas”, desmarcando al Estado de las muertes ocurridas bajo custodia.

Sus afirmaciones contrastaron con lo documentado por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa, que han alertado sobre un patrón creciente de represión, censura y debilitamiento institucional en el país centroamericano.

Hasta el momento, Guzmán no se ha pronunciado sobre las recientes detenciones ni ha explicado si estas influyeron en su decisión de apartarse del cargo. Sin embargo, su salida se interpreta por analistas como un momento clave en el discurso oficialista sobre los derechos humanos, en especial por tratarse de una figura que había sido el principal vocero internacional del Gobierno ante los cuestionamientos.

Mientras tanto, diversas organizaciones han exigido la liberación de los activistas y garantías para el ejercicio libre de la defensa de derechos en El Salvador. “La salida de Guzmán deja en evidencia que ni siquiera desde dentro del Gobierno es posible sostener el relato de que todo está bien”, declaró en redes sociales un representante de la organización Cristosal.