Representante santandereano radica por cuarta vez proyecto para frenar la contratación a dedo en Colombia

La pregunta de fondo es si los legisladores están dispuestos a cortar los hilos que conectan la política con la corrupción estructural del sistema de contratación pública. La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permiten a entidades públicas evadir la Ley 80 y entregar contratos de forma directa, sin competencia ni vigilancia fiscal. EL FRENTE conversó en detalle con el Representante a la Cámara por Santander Cristian Avendaño (Partido Verde), quien explicó las estrategias puntuales de la iniciativa contra la corrupción.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En un nuevo intento por combatir uno de los mecanismos más utilizados para el desvío de recursos públicos en Colombia, el representante a la Cámara por el departamento de Santander, Cristian Avendaño (Partido Verde), radicó por cuarta vez un proyecto de ley que busca restringir el uso de convenios interadministrativos y poner fin a la contratación directa sin controles.

En diálogo con EL FRENTE, el parlamentario santandereano denunció que actualmente muchas entidades territoriales, en lugar de ejecutar directamente los proyectos para los que tienen competencia, están recurriendo a convenios con entidades públicas o privadas no sometidas al Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993).

La propuesta legislativa buscaría modificar aspectos clave del régimen de contratación estatal para obligar a que todas las entidades públicas, sin excepción, se sometan a los principios de transparencia, economía y responsabilidad que establece la Ley 80. También establecería límites a la subcontratación, obligaciones más estrictas de reporte de información y el uso obligatorio de plataformas de control como el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

“Este no es un ataque a la descentralización. La autonomía territorial es necesaria y debe fortalecerse. Lo que estamos atacando es la corrupción que se disfraza de descentralización para justificar contratos amañados”, aclaró Avendaño.

Contrataderos: el eslabón débil de la contratación estatal

Esto ha dado lugar a la proliferación de estructuras conocidas como contrataderos, que actúan como intermediarios para adjudicar contratos a dedo, sin licitación, sin competencia, y sin garantías de transparencia.

“Lo que queremos es prohibir que las administraciones municipales o departamentales entreguen contratos de forma discrecional a través de convenios que eluden la Ley 80. Este es uno de los principales focos de corrupción en el país”, señaló Avendaño.

Avendaño explicó que estos contrataderos, que en realidad son entidades como fondos mixtos, institutos descentralizados o corporaciones culturales, son utilizados para tercerizar la contratación de obras y servicios que podrían ser ejecutados directamente por las alcaldías o gobernaciones.

“Al actuar por fuera del marco normativo tradicional, estas figuras permiten acuerdos poco transparentes y de alto riesgo fiscal”, agregó el miembro de la cámara baja quien citó como un ejemplo de la irregularidad el caso del Fondo Mixto de la Sierra Nevada, que ha contratado más de 600.000 millones de pesos solo en el último año y más de 1,5 billones desde 2021, la mayoría mediante convenios que evaden las reglas de licitación pública.

Otro caso mencionado por el congresista fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que, según Avendaño, ha operado como "el contratadero más grande del país", asignando contratos multimillonarios sin procesos competitivos y bajo total discrecionalidad.

“Lo que ocurre es que el director o subdirector llama a un contratista y le dice: ‘Le voy a dar este contrato por este monto, con estas condiciones’. No hay competencia, no hay verificación de experiencia ni capacidades técnicas. Y así es como terminan apareciendo los elefantes blancos y las coimas”, explicó el representante.

¿Por qué fracasa el proyecto en el Congreso?

Pero volvamos a una de las frases iniciales del texto, la misma en la que mencionábamos que es la cuarta vez que en el Congreso de la República tramita sin éxito la iniciativa, pese a que el 100 por ciento de los senadores y representantes a la Cámara durante su faceta de campaña electoral prometen a sus potenciales votantes convertirse en el Salón Elíptico valientes adalides de la lucha contra la corrupción.

Si esto es así, ¿Por qué el proyecto de ley ha fracasado tres veces antes? De acuerdo con lo que explicó el parlamentario santandereano, el proyecto de ley ha sido archivado en tres ocasiones debido a que el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política y los intereses personales de muchos congresistas.

“Muchos legisladores tienen vínculos directos o indirectos con estos contrataderos. Algunos incluso han recibido financiación de campaña de personas o entidades que se benefician de estos esquemas. Por eso, cuando llega un proyecto que busca ponerles freno, simplemente lo bloquean”, denunció Avendaño.

Según Avendaño, este tipo de prácticas debilita el control fiscal, ya que muchas veces no se publican las actas ni los informes en los sistemas oficiales, y se rompe la trazabilidad del gasto público.

Denuncias anteriores: OCAD Paz y escándalos recientes

Avendaño recordó que durante un debate de control político en 2022 se evidenció cómo a través de estos mecanismos de contratación indirecta, más de 2,4 billones de pesos fueron entregados en departamentos como Valle y Cesar mediante convenios que terminaron en casos de corrupción.

Más recientemente, el congresista denunció que en el marco de la emergencia por la ola invernal se adjudicaron contratos de alimentación para damnificados con presuntos sobrecostos de miles de millones de pesos.

“Mientras hay familias sin techo o sin qué comer, hay políticos que se están enriqueciendo inflando contratos. Esa es la tragedia. Y es exactamente eso lo que queremos evitar con este proyecto”, subrayó.

Aunque reconoce que el panorama en el Congreso es difícil, Avendaño aseguró que continuará insistiendo hasta que la iniciativa sea aprobada.

“Este es un proyecto por la dignidad de la contratación pública. Si logramos eliminar estos atajos ilegales, estaremos dando un paso enorme hacia un Estado más transparente y eficiente. Lo vamos a seguir presentando todas las veces que sea necesario”, concluyó.