Retos y oportunidades de la justicia restaurativa en Santander

Como parte de uno de sus proyectos de investigación vigentes en temas de construcción de paz, el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB organizó un encuentro que reunió a grupos de víctimas, acompañantes de comparecientes de la fuerza pública y representantes de la institucionalidad departamental y nacional para discutir el impacto de la justicia restaurativa en Santander.

El encuentro, que se denominó Coloquio: Los procesos de reparación y restauración en Santander: Balances y recomendaciones y fue realizado en las instalaciones de la Universidad UNAB, se llevó a cabo a propósito de la ejecución del proyecto de investigación “Justicia restaurativa y territorialidad: Recomendaciones para el fortalecimiento de las acciones con contenido restaurador y reparador en Norte de Santander y Santander” que es ejecutado por la Universidad UNAB a través del IEP.

En el coloquio se reunieron representantes de instituciones y grupos de víctimas provenientes de municipios como Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Barrancabermeja, Landázuri, Puerto Parra, Cimitarra, El Playón, Rionegro, Matanza, Charta, La Belleza y Barbosa para conversar sobre las apuestas de reparación que se realizan en el departamento, así como los desafíos y oportunidades que presenta la justicia transicional para estos territorios.

Justicia restaurativa: el aporte de las instituciones

El evento dio apertura con la intervención de Carolina Rubio Esguerra, del Enlace Territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien realizó una ponencia sobre el alcance del sistema restaurativo en el país y realizó una radiografía sobre los impactos del conflicto en Santander en la que destacó la importancia que tiene para el departamento los avances de la justicia transicional.

“Las víctimas en Santander tienen muy claro por qué debe estar la JEP en el departamento. Hay un nivel de indignación sobre por qué el Acuerdo de Paz no llegó como ellos sienten que debería llegar. La JEP entendió el nivel de victimización que había sufrido Santander, tenemos 270.000 víctimas reconocidas y la mayoría de municipios vivieron al menos un hecho victimizante. Hemos tenido además autoridades que han negado el conflicto armado. Por eso en la JEP identificamos que en este departamento hay que hacer un ejercicio con las víctimas y comunidades para que logren autoreconocerse como víctimas individuales y colectivas”, dijo Rubio Esguerra.

En una segunda exposición, Jenny Carolina Rodríguez, del Enlace de Fuerza Pública de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dio a conocer las principales apuestas de justicia restaurativa que se están desarrollando en Santander por parte de este grupo de comparecientes.

“El proceso de acompañamiento con ellos tiene una dimensión restaurativa en la que se les hace un acompañamiento para garantizar una comparecencia efectiva en la que reconozcan cómo ha sido su vinculación con el conflicto y que sepan muy bien qué es la justicia transicional y qué significa reparar. También brindamos unas herramientas a los comparecientes para que puedan participar en procesos restaurativos y logren esa vinculación con las víctimas sabiendo que todo este proceso es para garantizar la verdad, la reparación y la garantía de no repetición”, expuso Rodríguez.

Al término de estas intervenciones se dio paso al primer panel del evento con representantes de instituciones como la JEP, la ARN, la Gobernación de Santander y del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), quienes socializaron otros avances que se adelantan en materia de restauración en Santander.

“Desde la Gobernación de Santander reconocemos el conflicto que se vivió en nuestro departamento y esa es una acción que en años anteriores no se había hecho y que significó el retraso en la restauración de nuestro territorio. En este gobierno hemos venido trabajando de la mano con la JEP y las alcaldías de Bucaramanga, Barrancabermeja, el Peñón y Cimitarra para crear un convenio que permita trabajar articuladamente en esa restauración pero no de manera dispersa. Sabemos que esa desconexión entre entes municipales y gubernamentales hacen que no se vean los resultados, ahora queremos lograr ese conocimiento que nuestras víctimas han pedido por años”, aseguró Adriana Lamuz, del Enlace para Asuntos de Paz de la Gobernación.

Reparación en Santander: la perspectiva de las víctimas

En el segundo y último panel del coloquio se dio espacio para que fueran las víctimas las que ofrecieran su perspectiva sobre los aciertos y falencias de los procesos de justicia restaurativa en sus municipios. En la mesa de discusión participaron representantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) del corregimiento de La India, de la Asociación de Víctimas de secuestros y Extorsión (AVISE) de Landázuri, y de la Fundación de Afrodescendientes y Víctimas (Fundafrodevid) de Girón. De igual manera estuvieron presentes delegados de los enlaces de víctimas de los municipios de Lebrija y de El Playón, así como de la Comisión de Paz de la Asamblea Departamental de Santander.

Como principales dificultades en la implementación de estos procesos, las víctimas señalaron la falta de acompañamiento institucional por buena parte de los gobiernos locales y regionales, así como el no cumplimiento de los proyectos restaurativos que tienen como causa, según señalaron, no solo el desvío de dineros sino también la poca apertura a respaldar dichas acciones desde los planes de gobierno.

“Esta es una gran oportunidad porque permite hacer acercamientos con víctimas pero también con comparecientes a quienes nunca se les ha escuchado y son las entidades territoriales las que deben ser abiertas para mantener la lucha constante de la búsqueda de paz. Así como muchas políticas que llegan a los territorios, no queremos que esta sea una más que se queda en un papel. Lo que se quiere es que haya una verdadera restauración tanto para comparecientes como para víctimas, es decir, una reparación integral de la que siempre hemos hablado”, manifestó Gloria Cecilia Monsalve del Enlace de Víctimas de Lebrija.

“La gran oportunidad que se da en los territorios son los encuentros para analizar la construcción verdadera de la paz permanente. Creemos que estos ejercicios representan un acto simbólico para poder seguir tejiendo palabra y compromiso. Esto también nos da la oportunidad de que se encuentren víctimas y victimarios para realmente encontrar lo que las víctimas reclaman que es la verdad y frente a eso la gran oportunidad es poder construir conjuntamente la memoria. En nuestro departamento estamos en una inmensa deuda histórica sobre cómo construir esa memoria”, afirmó Donaldo Quiroga Rueda, directivo de la ATCC.

La contribución de la academia a la restauración

El proyecto de investigación ejecutado por el IEP de la UNAB buscar generar recomendaciones con enfoque multidisciplinario ante la JEP para fortalecer los TOAR que se vienen implementando en Santander.

La investigación es financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), y su desarrollo se realiza en alianza estratégica con la Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña (UFPSO), el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Gobernación de Santander, el Centro Latinoamericano del Propósito (CLAP) y la Red de Mujeres del Catatumbo.

“Lo que nosotros como Academia queríamos promover era precisamente el diálogo, el reconocimiento de la voluntad institucional, la de los comparecientes y la de las víctimas para trabajar de manera articulada y sacar adelante estos procesos de construcción de verdad, pero sobre todo de reparación y de restauración del tejido social. Para el coloquio tuvimos más de 155 inscritos entre ellos representantes de 19 municipios de Santander y 34 representantes institucionales, lo cual da cuenta de la importancia de desarrollar proyectos que le apunten a la construcción de la paz territorial y el rol tan importante que la UNAB y el IEP desempeñan en nuestra región para avanzar y ejercer la ciencia para la paz”, concluyó María Eugenia Bonilla Ovallos, directora del IEP.