🤖 Resumen
En las próximas semanas aquí encontrás un resumen del articulo.
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Ante la supuesta y presunta violación de los derechos políticos que pretende ejercer el Consejo Nacional Electoral al revocar su inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez solicitó en las últimas horas una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lágrimas con las cuales pretende revivir jurídicamente lo que hoy más parece un Titanic con rumbo al lecho de las profundidades oceánicas.
A esta instancia también apeló el hoy presidente de la República Gustavo Petro tras ser sancionado e inhabilitado para elecciones futuras cuando era alcalde de Bogotá, en medio de un litigio disciplinario que adelantó el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, luego de que la capital del país afrontara el episodio conocido como la crisis de las basuras, instancia internacional que luego de varios meses de análisis jurisprudenciales falló a favor de Petro Urrego, resolución que finalmente le permitió incluir su nombre en el tarjetón para las presidenciales pasadas.
Este punto es importante recapitularlo debido a que es la misma estrategia que ahora puso en marcha el excandidato presidencial piedecuestano tras ser sancionado e inhabilitado por la procuraduría, fundamento jurídico en el que se basó el máximo tribunal electoral en Colombia para revocar definitivamente la inscripción de Hernández Suárez quien, como es de público conocimiento, aspiraba a ser elegido como el próximo gobernador de los santandereanos.
A manera de contexto recordaremos las tres graves sanciones emitidas por el ministerio Público: una por golpear a un concejal, otra más por presunta persecución laboral a Wilson Motta, y una última por agredir verbalmente a un veedor ciudadano.
Sin embargo, Hernández Suárez insiste en su rol político: “Los Santandereanos tienen derecho a elegir la opción que yo represento sin que organismos controlados por la politiquería interfieran en su decisión. La campaña de Rodolfo Hernández seguirá adelante y muy pronto nos volveremos”.
Un magnate en pie de lucha
La última esperanza que aún tenía en sus manos el magnate bumangués consistía en una acción de tutela, mediante la cual consideraba vulnerados sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, petición que hace muy pocas horas fue desestimada por un juez de la república.
Sin embargo, Hernández Suárez continuará en pie de lucha y mediante una carta dirigida al relator para Colombia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pide ser escuchado para exponer su caso, argumentando que con las recientes decisiones judiciales en Colombia se quebranta el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
“El CNE le dio plena validez a decisiones sancionatorias de la Procuraduría, autoridad de carácter administrativo y no de jurisdicción penal, y la cual no podía emitir resoluciones para inhibirme de participar en el certamen electoral del próximo 29 de octubre”, expresó Hernández Suárez, quien consideró que lo ocurrido en su caso se trata una de las tantas maniobras políticas de un estamento que sabe que, a su juicio, con él en carrera por la Gobernación se pone en peligro la repartija burocrática y el saqueo de las arcas del Departamento.
“Le solicito audiencia para exponer mi caso ante ustedes, ante la gravedad, inminencia y recrudecimiento de la situación de violación de mis derechos políticos”, dice en su carta Hernández Suárez quien aún se siente, se nombra y actúa como candidato a la Gobernación.
E insistió: “Dicha decisión tiene un trasfondo político que pretende cercenar los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos al tiempo que desacata una sentencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, ignora la jurisprudencia del Consejo de Estado en sus diferentes salas y vulnera el bloque de constitucionalidad que tiene en su componente la convención de Derechos Humanos”.
“Un sistema corrupto”
En este contexto, los abogados de Hernández Suárez han insistido, al unisonó con su poderdante, que el interés de la Procuraduría y del CNE no es otro que el de atacar a quien lucha por erradicar las costumbres corruptas y politiqueras de nuestro sistema-
“Por tal motivo acudiremos a las herramientas que nos da la ley para evitar que los intereses de un ente administrativo se impongan sobre el interés de los ciudadanos. En las próximas horas acudiremos a las instancias respectivas para mantener en firme nuestra aspiración a la Gobernación de Santander. Estamos reclamando la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Julio César Ortiz, otro de los apoderados del exalcalde de Bucaramanga.
Pese a eso, Ortiz mantuvo la tesis de Hernández de que se trata de “un sistema corrupto” y de “politiquería”, por lo que insinuó que se trata de una persecución política en contra de su cliente.
Por ahora, el abogado detalló que dentro de sus peticiones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está una medida cautelar que le permita a Hernández volver al ruedo cuanto antes, pues el fallo de esta tutela puede tardarse hasta 10 días en llegar.
Petro defendió a Rodolfo
Otro de los acontecimientos ocurridos esta semana, relacionados con el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, tiene que ver con las declaraciones que ofreció el presidente Gustavo Petro sobre el litigio.
En concreto, el mandatario nacional se refirió a las decisiones que ha tomado esta semana el Consejo Nacional Electoral frente a algunas candidaturas, pero puntualmente salió en defensa de su antiguo contrincante para la Presidencia.
"Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE", señaló el jefe de Estado. Luego se refirió al caso de Hernández, con quien se disputó la presidencia el año pasado. "Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento", manifestó.
Finalmente, dijo que "es la población la que debe decidir libremente sus mandatarios locales. En muchas regiones decisiones administrativas del CNE están cambiando la decisión de los pueblos".
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