Salida de Gildardo Rayo aumentó la tensión en la Alcaldía de Bucaramanga
Resumen
La destitución de Gildardo Rayo de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, ordenada presuntamente por el gobernador, ha generado polémica sobre injerencia política y vulneración de la autonomía territorial, con pedidos de investigación por parte de sectores políticos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La salida del mayor retirado Gildardo Rayo Rincón de la Secretaría del Interior de Bucaramanga abrió un nuevo frente de polémica en la capital santandereana. El concejal del Pacto Histórico, Jorge Flórez, denunció públicamente al gobernador Juvenal Díaz Mateus por presunta injerencia política en la administración municipal, lo que, según dijo, vulnera la autonomía territorial y los principios de neutralidad institucional.
El debate estalló luego de que Rayo, quien permaneció 24 meses al frente de la cartera del Interior, afirmara que su despido no fue decisión del alcalde encargado Eduard Sánchez, sino una orden directa del gobernador. “Durante dos años asumí con responsabilidad la seguridad de Bucaramanga. Hoy me retiro por decisión del gobernador, no del alcalde. Esto confirma que hay interferencias que van más allá de lo técnico”, expresó en un comunicado. Por su parte, el alcalde (E) Eduard Sánchez desmintió que se tratara de una orden directa de Díaz Mateus y manifestó que está en su derecho de cambiar al jefe de dicha secretaría.
Entre tanto, Flórez calificó este hecho como una muestra de cómo se estaría instrumentalizando la institucionalidad para fines políticos. En su pronunciamiento pidió a los entes de control investigar las posibles irregularidades en la relación entre el gobierno departamental y la administración local, advirtiendo que este tipo de prácticas ponen en riesgo la legitimidad de las decisiones municipales.
La controversia se produce en medio de una ola de movimientos en el gabinete tras la anulación de la elección del exalcalde Jaime Andrés Beltrán. En menos de una semana, varias renuncias han sacudido la Alcaldía, y el alcalde encargado revocó seis decretos de nombramiento hechos por Beltrán en diferentes entidades de control interno, argumentando irregularidades en los procesos de verificación.
La ciudadanía y organizaciones sociales reaccionaron a la denuncia exigiendo transparencia y respeto por la autonomía local. Incluso se convocó un foro público para debatir el alcance de estas acusaciones y promover mecanismos de vigilancia ciudadana que garanticen independencia en la gestión municipal.
El caso revive el debate sobre el artículo 287 de la Constitución, que reconoce a los municipios la facultad de gobernarse con autoridades propias. Para sectores sociales, si se confirma la interferencia política del gobernador, se estaría comprometiendo el equilibrio institucional y la confianza ciudadana.
