“Salvar el río Fonce es una obligación ética y legal”

En el marco de una acción popular que podría marcar un hito en la defensa ambiental del oriente colombiano, los ciudadanos María Esperanza Rodríguez Ávila y Ludwing Mantilla Castro, en calidad de demandantes y representantes de la organización Santander por Naturaleza, presentaron su alegato de conclusión ante la justicia, exigiendo medidas inmediatas y estructurales para detener la grave contaminación del río Fonce, fuente vital de agua para más de 144.000 personas en 12 municipios del departamento.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

“Esta acción no es una denuncia simbólica, es el grito de alerta de toda una región que clama por recuperar su derecho a un ambiente sano, a la salud pública y al acceso a agua limpia”, señalaron los accionantes al cierre del proceso, en el que demandan a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Santander, la empresa ESANT, y varios municipios ribereños como San Gil, Socorro, Valle de San José, Charalá, Mogotes, Coromoro, entre otros.

En su intervención, los demandantes expusieron una cadena de hechos probados, sustentados en informes técnicos, inspecciones judiciales y reconocimientos oficiales de la propia CAS, que dan cuenta de la contaminación persistente, creciente y sistemática del río Fonce, alimentada por vertimientos ilegales de aguas residuales sin tratamiento.

Un afluente en convalecencia

Entre los hallazgos más graves documentados, se encuentra la existencia de 29 puntos de vertimiento directo de aguas negras al río, varios de ellos localizados en áreas urbanas altamente transitadas, como el Parque El Gallineral, el Puente Vargas y el sector conocido como Paso del Libertador en San Gil.

Según el informe técnico SAA.79.2024, presentado por la CAS en agosto de 2024, estos vertimientos contienen materia fecal, residuos agrícolas y desechos domésticos, lo que ha generado una contaminación microbiológica severa que compromete no solo la calidad del agua, sino también la salud pública, el turismo y la economía de las comunidades locales.

“El río Fonce nace en una zona de alta importancia ecológica, dentro del corredor estratégico Guanentá-Iguaque, y desemboca contaminado en el río Suárez, afectando múltiples ecosistemas aguas abajo”, advierten los demandantes, quienes agregan que, pese a su valor natural, el río ha sido tratado como una cloaca, debido a la ausencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) funcionales en los municipios que lo bordean.

Ninguno de los municipios involucrados en el litigio, según consta en el expediente, cuenta con una PTAR que opere al 100% de su capacidad o que impida el vertimiento directo de aguas contaminadas. La situación fue reconocida expresamente por los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría Departamental, y asumida parcialmente por la misma CAS, que en su informe admitió los niveles críticos de deterioro hídrico en la cuenca.

Derechos colectivos en juego

El alegato final subraya que la inacción de las autoridades está vulnerando múltiples derechos colectivos consagrados en la Ley 472 de 1998, entre ellos:

•             El derecho a gozar de un ambiente sano

•             El derecho a la salubridad pública

•             El derecho al acceso a servicios públicos eficientes

•             El derecho al equilibrio ecológico

•             El derecho al agua potable y al desarrollo sostenible

Los demandantes recuerdan que este no es un reclamo aislado: más de 5.000 personas respaldaron con su firma la acción popular, como expresión de una ciudadanía activa que exige respuestas reales frente a una crisis socioambiental estructural.

 “No se trata solo de proteger al río: se trata de proteger la salud, la economía y la vida digna de miles de personas. Se trata de hacer cumplir la ley y de poner fin a décadas de negligencia institucional”, afirman Rodríguez y Mantilla.

Impacto humano y ecológico: la nutria como especie símbolo

Además de las afectaciones humanas, la acción popular hace referencia a la situación crítica de especies emblemáticas como la nutria neotropical, mamífero semiacuático que habita en los márgenes del río Fonce y que, según la ONG Santander por Naturaleza, está desapareciendo debido a la pérdida de hábitat y la toxicidad del agua.

“Salvar al río Fonce es también salvar a la nutria, al bosque ribereño, a los peces, a las aves. Este ecosistema no es una cañería; es un patrimonio natural que no puede seguir siendo destruido”, concluyen los demandantes.

Con la fase probatoria ya cerrada, y los alegatos de conclusión presentados, el proceso entra ahora en su fase final: la decisión del juez competente. La sentencia que se emita podría ordenar acciones inmediatas de descontaminación, la construcción o modernización de PTAR, sanciones a autoridades omisas, y la protección jurídica integral del río Fonce como sujeto de derechos.

Este caso se perfila como uno de los más importantes en materia de justicia ambiental en la región andina, y podría sentar un precedente sobre la responsabilidad directa de las autoridades en la preservación de las fuentes hídricas, en el marco del derecho fundamental al agua y la justicia ecológica.

¿El río Fonce seguirá siendo víctima de abandono institucional o renacerá como símbolo de recuperación ambiental? La decisión está ahora en manos del poder judicial. Mientras tanto, miles de ciudadanos seguirán luchando por devolverle la vida al río que los alimenta y los define.