Sanción al municipio de San Gil por incumplimiento de una orden judicial
Resumen
El alcalde de San Gil fue sancionado por no cumplir una orden judicial que exigía proteger el espacio público en el barrio Santander. Se le impuso una multa y se ordenó el cumplimiento inmediato de acciones para evitar ocupaciones indebidas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Una sanción judicial volvió a poner bajo escrutinio la gestión municipal de San Gil. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito determinó que el alcalde Edgar Orlando Pinzón Rojas (foto) incumplió una orden judicial que exigía acciones efectivas para proteger el espacio público en el barrio Santander, situación que derivó en una sanción económica y en un requerimiento inmediato de cumplimiento.
La decisión estableció que el mandatario incurrió en desacato frente a las obligaciones fijadas en una sentencia de primera instancia del 23 de marzo de 2018, confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander el 29 de marzo de 2022.
Según el despacho judicial, la administración no acreditó medidas suficientes para evitar la ocupación indebida del espacio público, pese a los mandatos vigentes y a los plazos otorgados.
Como consecuencia, el juez impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que deberá consignarse en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo.
La providencia también ordenó al alcalde ejecutar, sin dilaciones, las acciones necesarias para cumplir integralmente lo ordenado en el proceso. El fallo refuerza el carácter obligatorio de las decisiones judiciales y subraya el adeudo directo de los alcaldes en la protección del espacio público y de los derechos colectivos en sus municipios.
