La jornada del 26 de octubre dejó, además de un ganador, interrogantes relevantes sobre las condiciones en las que se ejecutan los mecanismos de participación democrática, tanto para el Pacto Histórico como para el sistema electoral colombiano. El camino hacia 2026 estará marcado no sólo por las propuestas de los partidos, sino también por su capacidad de garantizar que los procesos sean confiables.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

La consulta interna del Pacto Histórico, orientada a seleccionar su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026, enfrentó el pasado domingo una serie de denuncias de irregularidades que comienzan a afectar la confianza ciudadana en el sistema electoral, de cara a las venideras elecciones al Congreso de la República y a la Presidencia de la República.

El propio ministro del Interior Armando Benedetti confirmó que durante la jornada electoral del pasado domingo se registraron en varios lugares del país irregularidades en medio del proceso electoral que a la postre torpedean la confianza en el sistema electoral.

“Se han presentado muchos problemas que en elecciones pasadas nunca se habían visto. Se redujeron mesas y puestos de votación, y en varias partes se acabaron los tarjetones, lo cual nunca había ocurrido”. Tal situación, señaló, “deja mucho que desear de la gestión que debía haberse realizado con anterioridad para una consulta tan importante”, indicó el ministro del Interior quien al oficializar las cifras de las regiones con mayores reportes de afectaciones al proceso electoral detalló que el departamento de Santander estuvo entre las regiones con mayores quejas.

El reporte lo basó Benedetti en los datos suministrados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), el cual recibió y tramitó un total de 37 quejas durante la jornada electoral. Los departamentos con más denuncias fueron: Santander (7), Antioquia (6), Córdoba (5), Cundinamarca (4), Bogotá (3), Putumayo (2), Sucre (2), Atlántico (2), La Guajira (2), Nariño (1), Norte de Santander (1), Bolívar (1) y Magdalena (1). Según datos oficiales el 18,91% de las quejas se presentaron en el departamento de Santander.

En este sentido, el presidente Gustavo Petro calificó el proceso como “un desastre” en sus redes sociales, al denunciar que la entidad encargada del proceso —la Registraduría Nacional del Estado Civil— instaló menos puestos de votación de los anunciados (“eran 13.000 puestos y hay 9.000”).

En lo que respecta a denuncias puntuales, el precandidato Iván Cepeda advirtió sobre traslados de mesas en zonas rurales y falta de atención en zonas urbanas: “Las filas son enormes y la gente se retira sin votar”, indicó, instando a los ciudadanos a remitir videos que evidenciaran las fallas.

Además, se reportó en el corregimiento de Arjona, Bolívar, una quema de material electoral que impidió la instalación de una mesa de votación.

Aunque no se dispone todavía de un desglose oficial completo por departamento de todas las denuncias logísticas, informaciones regionales señalan que los problemas se concentraron en zonas como los departamentos de Santander, Antioquia y Córdoba, donde aumentaron los reclamos ciudadanos.

Sin embargo, la combinación de fallas logísticas, quejas por filas extensas, falta de material y desorganización pone en riesgo la legitimidad del proceso, lo que podría tener consecuencias políticas.

Para la ciudadanía, estas irregularidades pueden traducirse en menor confianza en los mecanismos de democracia participativa interna y generar un efecto negativo sobre la movilización en elecciones generales.

Institucionalmente, la Registraduría y otros organismos de control quedan en foco de atención, ante acusaciones de haberse visto superados por la logística o de haber mediado fallas que podrían calificarse como sabotaje (como afirmó el ministro Benedetti).

Retos electorales

Para restablecer la confianza en jornadas similares en adelante, se apuntan varios retos:

Garantizar que todos los puestos y mesas anunciados estén debidamente instalados, con suficiente material electoral (tarjetones, urnas, jurados) antes del inicio de la votación.

Mejorar los mecanismos de inscripción, comunicación y traslado de mesas en zonas rurales para evitar exclusión o desmovilización.

Transparencia activa: la publicación de datos en tiempo real sobre mesas instaladas, incidencias registradas y solución de quejas para que los ciudadanos y observadores vean que el proceso está vigilado.

Investigación detallada de las denuncias: las quejas presentadas (por ejemplo a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), según el ministro) deben ser documentadas, analizadas y de comprobarse sancionadas.