Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Dentro de los hallazgos se encuentra que la pérdida de apropiación en la vigencia 2023 ascendió a $111.643 millones, sin que el ICBF hubiera atendido las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. La ejecución más baja se identificó en los programas de contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional.
Con 24 hallazgos fiscales por $15.549 millones, la Contraloría General de la República concluyó una Auditoría Financiera a los estados financieros y la información presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a 31 de diciembre de 2023.
En desarrollo de esta auditoría se establecieron 147 hallazgos administrativos de los cuales 70 tienen presunta incidencia disciplinaria, 24 con incidencia fiscal por $15.549 millones, 4 con otras incidencias, 18 dan lugar a indagaciones preliminares, 2 solicitudes de procesos administrativos sancionatorios fiscales y 6 beneficios de auditoría por $414 millones.
La auditoría se practicó a la Dirección General y 14 puntos de control correspondientes a las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre.
Los ingresos asignados al ICBF para la vigencia 2023, fueron de $9.08 billones, presentando un incremento de $1.15 billones, equivalente al 12,74% frente a la vigencia 2022.
El 56,39% de los recursos, equivalente a $5.23 billones, proviene de Aportes de la Nación; y el 43,61% ($3.84 billones) son Recursos Propios. Y los ingresos provenientes de la Parafiscalidad del 3%, representan el 88,13% del total de los ingresos propios de la entidad.
Pérdida de apropiación
La ejecución presupuestal de gastos en el ICBF para la vigencia de 2023 fue del 94,94% del total de los recursos asignados; es decir, los bienes y servicios realmente recibidos a 31 de diciembre de 2023.
A nivel nacional, la pérdida de apropiación ascendió a $111.642 millones, sin que el ICBF mostrara la ejecución de las propuestas del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad, que deben acoger e implementar los Gerentes de Recursos para mejorar los tiempos asociados al ciclo presupuestal y aumentar los niveles de ejecución.
La ejecución más baja se identificó en los programas de Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6-13 años, en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida a nivel nacional, con el 66,4%, y en el apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes a nivel nacional, que presenta un 56,99%.
En cuanto a los recursos de Funcionamiento, la ejecución más baja de estos se muestra en los rubros de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes, con un 44,99% y 44,68% respectivamente.
Finalmente, se identifican debilidades en el proceso de planeación presupuestal en cuanto a los recursos programados para la vigencia 2023, lo cual generó una solicitud de reducción presupuestal que no fue viabilizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que impactó de manera directa la ejecución presupuestal de los recursos de los rubros de personal Transferencias Corrientes e Inversión.
Deficiencias en Contratación
De acuerdo con el desarrollo del ejercicio auditor, se evidenciaron deficiencias de supervisión relacionadas con pago de Raciones Familiares para Preparar (RFPP) no entregadas, compras no autorizadas en el contrato, consistencias pago RAM y sistema de información cuéntame, consistencia en entrega de canastas, movimiento de cuenta de uso exclusivo y planillas de entrega, falta en el cargue de información en SECOP II y deficiencias en la gestión documental en expedientes contractuales.
Hallazgos y más irregularidades
Dentro de los principales hallazgos de mayor cuantía están: uno con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $2.202 millones, por recursos entregados a los operadores de contratos de aportes y que no fueron ejecutados, ni han sido reintegrados a la fecha. Se tuvo un beneficio de auditoría por $216 millones, en atención al reintegro de operadores, y afectación contable.
Otros dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $4.904 millones, por corresponder a recursos del contrato que no se encuentran soportados en su ejecución, legalizados o reintegrados.
La auditoría también estableció un detrimento fiscal por $1.920 millones resultado de las inejecuciones identificadas por la supervisión en el acta de legalización de cuenta, los cuales no se han reinvertido o reintegrado.
