Santander pide a de la Espriella aclarar posición sobre exploración de hidrocarburos en la Laguna de Ortices

La histórica preocupación ambiental que hace más de una década movilizó a cientos de habitantes de la provincia de García Rovira volvió a cobrar vigencia en Santander. Líderes comunitarios y habitantes del municipio de San Andrés han comenzado a expresar inquietudes frente a las propuestas del candidato presidencial Abelardo de la Espriella relacionadas con el fortalecimiento de la exploración de petróleo y gas en Colombia, y le solicitan aclarar de manera expresa cuál sería su postura frente a cualquier eventual interés sobre territorios cercanos a la emblemática Laguna de Ortices.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En la memoria de los habitantes de San Andrés, Molagavita y otros municipios de García Rovira permanece vivo el episodio ocurrido en 2012, cuando estudios sísmicos adelantados en inmediaciones de la Laguna de Ortices desencadenaron una de las mayores movilizaciones ambientales registradas en Santander durante las últimas décadas.

En aquel momento, las labores hacían parte del denominado Programa Sísmico Línea Trasandina, impulsado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Aunque las autoridades insistieron en que se trataba de trabajos de caracterización del subsuelo y no de explotación petrolera, las comunidades advirtieron sobre los posibles riesgos para las fuentes hídricas que abastecen a miles de habitantes de la región.

Las protestas escalaron hasta convertirse en un debate departamental. Diputados de Santander, organizaciones ambientales y líderes comunitarios solicitaron la suspensión de las perforaciones, argumentando que cualquier intervención en la zona representaba una amenaza potencial para uno de los ecosistemas más estratégicos de la provincia.

La presión ciudadana terminó dando resultados. Días después, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció la suspensión de las perforaciones previstas en el corregimiento Laguna de Ortices, decisión que fue celebrada por la comunidad como una victoria de la defensa del agua y del territorio.

Catorce años después, la discusión vuelve a la agenda pública debido a las propuestas de Abelardo de la Espriella, quien ha defendido la necesidad de aumentar la exploración de petróleo y gas para fortalecer las reservas energéticas del país y ha manifestado su respaldo al desarrollo de proyectos de fracking bajo estrictos controles ambientales.

Aunque el candidato también ha señalado que respetará la legislación vigente y que no promoverá intervenciones en páramos ni áreas protegidas, habitantes de San Andrés (Santander) consideran necesario que exista una posición clara y específica frente a territorios como la Laguna de Ortices, que históricamente han sido objeto de interés geológico y cuya importancia ambiental es ampliamente reconocida en la región.

Para varios sectores comunitarios, el interrogante no es si actualmente existe un proyecto en marcha, pues no hay información oficial que indique la reactivación de estudios o perforaciones en la zona, sino qué ocurriría en un eventual escenario de expansión nacional de la exploración de hidrocarburos impulsada desde el Gobierno Nacional.

Un territorio protegido

por la Constitución

La preocupación de la comunidad también encuentra respaldo en el marco jurídico colombiano. La Constitución Política, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la legislación ambiental vigente establecen fuertes restricciones e incluso prohibiciones para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en ecosistemas de páramo.

La histórica Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional declaró inexequibles disposiciones que permitían actividades extractivas en páramos, al considerar que estos ecosistemas gozan de una protección especial por su papel estratégico en la producción y regulación del agua.

Posteriormente, la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, prohibió expresamente la exploración y explotación minera y de hidrocarburos en estas áreas, consolidando una de las mayores barreras legales para el desarrollo de proyectos extractivos en ecosistemas de alta montaña.

A ello se suman los artículos 8 y 80 de la Constitución, que obligan al Estado a proteger las riquezas naturales de la Nación y a garantizar la conservación y restauración de los recursos ambientales, así como la aplicación del principio de precaución cuando exista riesgo para fuentes hídricas o ecosistemas estratégicos.

Mientras no existe ningún anuncio oficial sobre proyectos petroleros o de fracking en la Laguna de Ortices, la comunidad de San Andrés insiste en que la experiencia de 2012 dejó una lección que no está dispuesta a olvidar.

Para muchos habitantes de García Rovira, la defensa de la laguna se convirtió en un símbolo regional de protección ambiental y de resistencia ciudadana frente a actividades que pudieran comprometer la seguridad hídrica de la provincia.

Por ello, más allá de las propuestas nacionales sobre hidrocarburos, el llamado que hoy surge desde San Andrés busca una respuesta concreta: que quienes aspiran a dirigir el país definan con claridad cuál será su compromiso frente a ecosistemas estratégicos como la Laguna de Ortices y frente a las restricciones constitucionales que protegen los páramos colombianos de cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos.