Santander refuerza su estrategia de seguridad
La Gobernación de Santander, en articulación con la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales, ha puesto en marcha un ambicioso plan integral de seguridad que busca responder a las principales preocupaciones de orden público en el departamento. El foco de las acciones se concentrará especialmente en el Magdalena Medio y en el área metropolitana de Bucaramanga, dos zonas estratégicas que en los últimos meses han registrado episodios que alertan sobre la necesidad de fortalecer la presencia institucional.
El anuncio fue realizado por el gobernador de Santander, mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, quien presentó una serie de medidas que, según dijo, “no solo buscan aumentar el pie de fuerza, sino también generar confianza ciudadana a través de una coordinación más efectiva entre todas las instituciones encargadas de la seguridad”.
Refuerzos militares para el Magdalena Medio y el área metropolitana
Dentro de las acciones inmediatas, el Ejército Nacional confirmó el envío de dos compañías del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR). La primera ya inició su desplazamiento hacia Barrancabermeja, municipio que es epicentro económico y social del Magdalena Medio, pero que también enfrenta retos en materia de seguridad debido a su ubicación estratégica y a la dinámica de grupos armados ilegales en la región.
La segunda compañía llegará en los próximos días procedente de Norte de Santander, con la misión de fortalecer la cobertura militar en otras zonas del departamento, incluyendo áreas rurales y municipios intermedios.
A estos refuerzos se suma la asignación, por parte de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga, de una compañía de Policía Militar que tendrá como eje de operaciones varios municipios del área metropolitana. Girón será prioridad, dado el aumento reciente en los índices de homicidios, mientras que Bucaramanga, Floridablanca, Lebrija y Piedecuesta mantienen, según las autoridades, una situación bajo control.
Incorporación de nuevos soldados: incentivo económico y paridad de género
Como parte de la estrategia, el gobernador Díaz Mateus hizo un llamado a los ciudadanos en edad de prestar su servicio militar para que participen en el actual proceso de incorporación. En total, se disponen de 120 cupos: 90 para hombres y 30 para mujeres. La inclusión de plazas femeninas responde a la política de equidad y a la experiencia positiva que han dejado las anteriores incorporaciones mixtas en tareas de patrullaje, control urbano y actividades comunitarias.
Uno de los puntos que más llamó la atención fue el incentivo económico: los nuevos incorporados recibirán una bonificación mensual de un millón de pesos, cifra que, según anunció el mandatario, aumentará próximamente hasta equipararse con el salario mínimo legal vigente. Con este contingente adicional, el gobierno departamental espera conformar una compañía más para reforzar la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y responder con mayor rapidez a cualquier eventualidad.
Reestructuración judicial: más municipios bajo coordinación única
El plan de seguridad no se limita al componente militar. La Fiscalía General de la Nación anunció una reorganización interna que implica la ampliación de la Dirección Seccional de Fiscalías en Santander. Antes, esta coordinación operaba en 81 municipios; ahora, su alcance cubrirá 87, lo que permitirá una unificación de mando y una mayor articulación con otros entes del sistema judicial, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con la entidad, este cambio permitirá mejorar la eficacia en las investigaciones, reducir los tiempos procesales y fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Nacional, el Ejército y demás instituciones involucradas en la seguridad ciudadana.
Operativos de control en accesos al área metropolitana
Otra medida anunciada es la realización de operativos esporádicos en los principales puntos de ingreso y salida del área metropolitana de Bucaramanga. Estos controles, liderados de manera conjunta por la Policía y el Ejército, tienen como objetivo no solo prevenir el ingreso de armas y sustancias ilícitas, sino también enviar un mensaje claro de presencia estatal y capacidad de respuesta.
Según las autoridades, la estrategia busca equilibrar la efectividad en la reducción del delito con el respeto por los derechos de los ciudadanos, garantizando que los procedimientos se desarrollen bajo estrictos protocolos.
Comité Territorial de Orden Público: coordinación interinstitucional
Desde la Secretaría del Interior de Santander se desarrolló recientemente el Comité Territorial de Orden Público, espacio en el que se aprobaron importantes proyectos orientados a fortalecer la seguridad y la convivencia en todo el departamento.
El encuentro contó con la participación de representantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia. Durante la jornada, se definieron líneas de acción conjuntas para prevenir delitos, reforzar la vigilancia y garantizar entornos seguros.
La articulación entre estas instituciones permitirá, según la Gobernación, no solo atender de forma más efectiva las emergencias, sino también impulsar programas preventivos que contribuyan a disminuir las causas estructurales de la inseguridad.
Un compromiso de largo plazo
El gobernador Juvenal Díaz Mateus aseguró que este plan integral es solo el inicio de un proceso más amplio para blindar al departamento frente a amenazas de orden público. “Nuestro compromiso es con la vida y la tranquilidad de los santandereanos. Vamos a trabajar de manera incansable para que la seguridad sea un derecho garantizado y no un privilegio”, afirmó.
Por su parte, voceros de la Fuerza Pública resaltaron que el éxito de estas medidas dependerá en gran parte de la colaboración ciudadana. Invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo y a participar en los programas comunitarios de prevención, como las redes de apoyo y los frentes de seguridad barrial.
Retos y expectativas
Santander enfrenta desafíos particulares por su ubicación geográfica, que lo convierte en un punto de tránsito entre el centro del país, la región Caribe y la frontera con Venezuela. Esto implica que la seguridad no puede abordarse de forma aislada, sino como parte de un entramado que requiere coordinación con otros departamentos y con el Gobierno Nacional.
Los analistas coinciden en que la presencia de tropas especializadas, sumada a una mayor capacidad judicial y a la implementación de controles estratégicos, podría generar una disminución significativa en delitos de alto impacto. No obstante, advierten que los resultados deben medirse no solo en cifras de capturas o incautaciones, sino también en la percepción de seguridad de los ciudadanos.
