Resumen
El Gobierno ofrece 2.500 cupos para que mujeres jefas de hogar con condenas menores de 8 años por delitos de hurto o drogas puedan optar por servicio comunitario en lugar de prisión, bajo la Ley 2292 de 2023. Hasta ahora, 117 ya han sido beneficiadas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno nacional dispone de 2.500 cupos para que mujeres jefas de hogar, condenadas por delitos relacionados con hurto o estupefacientes, puedan solicitar una pena sustitutiva y reemplazar su condena en prisión por la prestación de servicios comunitarios.
Este beneficio puede ser otorgado por los jueces de ejecución de penas gracias a la Ley 2292 de 2023 de Utilidad Pública, siempre que la condena no supere los ocho años de cárcel y la persona se encuentre en condiciones de marginalidad.
Las plazas disponibles han sido gestionadas a través de alianzas con 27 entidades públicas, entre ellas alcaldías, gobernaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, según un informe del Ministerio de Justicia que monitorea la implementación de la ley.
Actualmente, 117 mujeres en todo el país han accedido a este beneficio y se encuentran en libertad cumpliendo con el servicio comunitario establecido por los jueces. De ellas, tres tienen libertad condicional y cinco ya cumplieron su pena, de acuerdo con el reporte.
Evita la reincidencia
El Ministerio de Justicia destaca que, en estos casos, la tasa de reincidencia ha sido del 0%. Además, Antioquia es el departamento con mayor avance en la aplicación de la medida, con más de 20 mujeres realizando labores de utilidad pública.
Según cifras del sistema penitenciario, aproximadamente 4.500 de las casi 20.000 mujeres privadas de la libertad en el país podrían optar por esta alternativa.
A la fecha, hay más de 2.000 solicitudes pendientes en los despachos de los jueces de ejecución de penas, pero menos de 80 han sido aprobadas. Las ciudades con mayor número de decisiones favorables son Medellín, Bucaramanga, Yopal, Cali, Ibagué, Manizales, Popayán, Armenia, Santa Marta y Villavicencio.
“De esta forma, la sociedad recibe un beneficio a cambio del esfuerzo de estas mujeres, quienes, a su vez, pueden reintegrarse a sus hogares, reconstruir sus relaciones familiares y acceder a una mejor oportunidad de vida”, indicaron voceros del Ministerio de Justicia a cargo de la implementación de la norma.
