La Red Santandereana de Personas con Discapacidad, organización de sociedad civil que representa a personas y colectivos dedicados a la defensa de los derechos de esta población, emitió un comunicado a la opinión pública en el que expresa su rechazo total frente a graves denuncias de presuntos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra personas con discapacidad al interior de la IPS Elogios – Asociación Hacia un Mejor Futuro.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

Según el pronunciamiento, estos hechos habrían sido perpetrados por profesionales de la salud y personal administrativo de la entidad, afectando profundamente a personas con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple que estaban bajo su cuidado. La Red señala violaciones sistemáticas a derechos fundamentales contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual Colombia es Estado parte.

La Red hace un llamado urgente a la Secretaría de Salud de Santander para que ordene el cierre definitivo de la IPS Elogios, investigue otras sedes en el área metropolitana de Bucaramanga y sancione a los profesionales involucrados, incluyendo la suspensión de sus licencias.

“Este es un centro dedicado a violar el derecho a la Libertad y Seguridad de la Persona en igualdad de condiciones con los demás, ya que las Personas con Discapacidad Institucionalizadas allí; estaban privadas de su libertad de manera arbitraria justificando la existencia de una discapacidad intelectual, psicosocial o múltiple para vulnerar sus derechos. Además, sus trabajadores se dedicaron a someter a Personas con Discapacidad a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, realizando técnicas y experimentos médicos sin su libre consentimiento; además de utilizar la violencia y el abuso contra Personas con Discapacidad realizando procesos de tortura física y psicológica con prácticas inexistentes y nocivas de rehabilitación, sin ningún protocolo de intervención, en contra de la humanidad de las personas allí institucionalizadas”, indicó un vocero de la agremiación ciudadana.

Asimismo, solicita a la Contraloría Departamental adelantar un control fiscal riguroso sobre los recursos públicos ejecutados entre las EPS y la mencionada IPS, con el fin de verificar su uso, impacto y legalidad en la atención de esta población sujeta a especial protección constitucional.

"Es detestable y vergonzoso que la sociedad siga permitiendo este tipo de prácticas, donde la dignidad de las personas con discapacidad es vulnerada sistemáticamente sin la debida inspección, vigilancia y control de las autoridades", declaró la Red en su comunicado, reafirmando el principio internacional de "Nada sobre nosotros sin nosotros".

“Necesitamos urgentemente que se apliquen las sanciones disciplinarias y la suspensión de sus respectivas tarjetas profesionales al talento humano de salud que prestaba los servicios y violaban de manera sistemática los derechos de las Personas con Discapacidad en la IPS ELOGIOS; y que se verifique y realice inspección, vigilancia y control a las instituciones que prestan servicios de salud con objeto social diferente y que se encuentran ubicadas en el municipio de Piedecuesta y Área Metropolitana de Bucaramanga”, indicó un vocero de la agremiación de pacientes.

Finalmente, exigieron al Gobierno Nacional que garantice el cumplimiento efectivo de la Convención y se adopten medidas urgentes para asegurar que hechos como estos no vuelvan a repetirse.

Entre las denuncias más preocupantes, se destacan:

·         Internamientos arbitrarios de personas con discapacidad con plena capacidad jurídica.

·         Privación de la libertad sin justificación legal, basada únicamente en su condición.

·         Aplicación de prácticas médicas experimentales sin consentimiento libre e informado.

·         Presuntas torturas físicas y psicológicas disfrazadas de métodos de rehabilitación.

·         Atención brindada por personal sin la idoneidad, experiencia ni ética profesional requeridas.

·         Violaciones al derecho a la integridad física y mental.