Se agravan alertas de violencia y delitos electorales en Santander

A pocos días de las elecciones legislativas previstas para el próximo 8 de marzo, el clima electoral en el departamento de Santander comenzó a concentrar la atención de las autoridades nacionales. Las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo se sumaron a los análisis realizados por la Fiscalía General de la Nación, que identificó nuevos riesgos asociados al desarrollo del proceso electoral en varios municipios del departamento.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

El diagnóstico institucional revela un escenario de vigilancia reforzada en el territorio santandereano, donde las autoridades judiciales y de control buscan prevenir posibles delitos electorales, garantizar el ejercicio del voto y evitar que tensiones políticas deriven en hechos de violencia o alteraciones del orden público durante la jornada democrática.

Desde la Fiscalía General de la Nación se anunció la activación de una estrategia institucional en Santander que contempla el fortalecimiento de la presencia de fiscales y funcionarios investigativos en los municipios considerados más sensibles dentro del mapa de riesgo electoral. La medida busca asegurar una respuesta inmediata frente a denuncias ciudadanas relacionadas con compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia o cualquier otra conducta que afecte la transparencia del proceso electoral.

La entidad confirmó que 23 fiscales seccionales y locales estarán desplegados en distintos municipios del departamento para atender de manera prioritaria cualquier irregularidad que pueda registrarse durante la jornada. A este dispositivo se sumará la presencia de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes realizarán acompañamiento directo en los puestos de votación con mayor concentración de ciudadanos, con el fin de reaccionar de manera oportuna ante posibles conductas delictivas.

El mapa de riesgo electoral elaborado por las autoridades ubica bajo acompañamiento especial a siete municipios estratégicos del departamento: Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta.

Estas localidades concentran una parte significativa del censo electoral regional y, según las autoridades, presentan factores que ameritan un monitoreo más cercano, ya sea por antecedentes de denuncias, alta polarización política o por la complejidad logística que implica la movilización de votantes y material electoral.

Las advertencias de la Fiscalía se complementan con el análisis preventivo elaborado por el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, que viene monitoreando el ambiente político previo a los comicios. De acuerdo con este seguimiento, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 35 eventos de conflictividad social relacionados con el contexto electoral en Bogotá y 21 municipios de doce departamentos del país, incluido Santander.

Polarización y guerra sucia

El informe señala que una parte importante de estos episodios está asociada a acciones dirigidas contra la oposición política, fenómeno que representa cerca del 34 % de los casos identificados. A ello se suman situaciones que evidencian la creciente polarización política y tensiones sociales entre simpatizantes de diferentes corrientes ideológicas, que representan aproximadamente 23 % de los eventos documentados.

Otro factor que ha generado tensiones en el escenario preelectoral tiene que ver con los procesos de inscripción de candidaturas y listas, así como con denuncias relacionadas con posibles restricciones al derecho de elegir y ser elegido. Estas circunstancias han alimentado un ambiente de debate político intenso que, aunque mayoritariamente se ha mantenido dentro de los cauces democráticos, también ha dado lugar a episodios de confrontación.

El análisis de la Defensoría también detalla las formas en que se han manifestado estas tensiones. Cerca del 46 % de los eventos registrados corresponden a plantones y concentraciones públicas, mientras que otros casos incluyen afectaciones a vallas electorales, disturbios durante manifestaciones, daños a sedes de campaña, sabotajes en actos proselitistas y marchas convocadas por distintos sectores políticos o sociales.

Si bien la mayoría de estas expresiones se han desarrollado de forma pacífica, la entidad advierte que en algunos territorios se han presentado agresiones, confrontaciones entre simpatizantes y actos de intolerancia política, situaciones que reflejan un clima de tensión latente que podría escalar si no se adoptan medidas preventivas oportunas.

En el caso de Santander, las autoridades observan con especial atención la posibilidad de que factores como denuncias públicas sobre presuntos fraudes electorales, controversias judiciales relacionadas con candidaturas o disputas en torno a la contabilización de votos puedan generar inconformidad entre sectores políticos y sociales.

A ello se suman riesgos derivados de incidentes de seguridad durante actividades proselitistas, así como convocatorias a movilizaciones sociales en fechas cercanas a la jornada electoral, escenarios que podrían afectar la movilidad de los ciudadanos o el traslado del material electoral hacia los puestos de votación.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las acciones preventivas que permitan garantizar un proceso electoral en condiciones de tranquilidad y respeto por los derechos políticos de la ciudadanía.

La entidad recomendó al Ministerio del Interior y a la Registraduría Nacional del Estado Civil reforzar los mecanismos de prevención y transformación de conflictos con incidencia electoral, priorizando espacios de diálogo, mediación y articulación institucional que permitan tramitar de forma temprana las inconformidades que puedan surgir durante la jornada electoral o en la etapa posterior al conteo de votos.

Según la Defensoría, resulta fundamental que exista una comunicación permanente entre autoridades electorales, gobiernos territoriales, organizaciones sociales y actores políticos, con el objetivo de evitar que tensiones propias de la contienda democrática se transformen en escenarios de conflictividad social.

Finalmente, el organismo de control hizo un llamado directo a los partidos políticos, a las candidaturas y a la ciudadanía para que cualquier inconformidad relacionada con el proceso electoral sea tramitada exclusivamente a través de los canales institucionales y legales establecidos, preservando el respeto por la diferencia política y la convivencia democrática.

La Defensoría también subrayó la necesidad de incorporar un enfoque de género en las estrategias de prevención, con el propósito de evitar que la violencia política basada en género se convierta en un factor adicional de conflictividad durante el proceso electoral.