Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La procuraduría continúa advirtiendo el impacto adverso para clínicas y hospitales y principalmente para pacientes si se insiste en una UPC calculada deficientemente y se hizo un llamado a que la definición del valor que financia la salud de las personas (UPC) sea el resultado de un análisis técnico integral y representativo tal como lo exige la ley. El ente de control advirtió que se debe permitir superar la crisis financiera que enfrenta el sistema y que incide en la escasez y falta de suministro de tratamientos y medicamentos así como en el cierre de servicios por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
La Procuraduría General de la Nación requirió nuevamente al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, información acerca del procedimiento técnico para la estimación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025, intervención que se originó en el llamado de asociaciones de usuarios y pacientes, de representantes de hospitales y clínicas públicas y privadas y de expertos que se han pronunciado oficialmente y emitido estudios técnicos que concluyen la insuficiencia acumulada de la UPC.
En este contexto, la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda exhortó nuevamente a los funcionarios del Ministerio a que la decisión sea producto de un proceso técnico y participativo, en el que se incorporen elementos ajustados a los cambios demográficos y epidemiológicos, tener en cuenta las cifras de inflación y frecuencia, así como los datos suficientes y representativos de las Entidades Aseguradoras de Planes de Beneficios en Salud (EPS).
Asimismo, se solicitaron los conceptos y análisis del Grupo de Apoyo Técnico y de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas relacionados con la definición de la UPC en el año 2025, con el objetivo de efectuar seguimiento al cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia del sector establecidos en la Ley Estatutaria de Salud.
Con este propósito, el organismo de control busca conocer las actas de las reuniones llevadas a cabo por el equipo, las reuniones de carácter técnico, si se implementaron mecanismo de retroalimentación para obtener información con calidad y también, las bases de datos que contengan el análisis de la información entregada por las EPS tanto del régimen contributivo y el subsidiado.
Dura respuesta de MinSalud
En respuesta a los señalamientos efectuados por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró que los análisis y señalamiento efectuados por la funcionaría de la Procuraduría carecían de sustento técnico.
Por esta razón Jaramillo solicitó a la jefatura del organismo de control, ahora a cargo Gregorio Eljach, el retiro de la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda, argumentando que sus declaraciones sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) carecen de sustento técnico y presentan un “tinte político”.
La solicitud se realizó a través de un escrito de recusación dirigido a la Procuraduría General de la Nación. Según el documento enviado, el Ministerio rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por la procuradora, quien señaló una presunta crisis en el sistema de salud debido a la insuficiencia de la UPC.
Estas declaraciones, según el Ministerio de Salud, no están respaldadas por pruebas ni análisis técnico y vulneran principios fundamentales como la imparcialidad y el debido proceso.
Por esta razón, el Ministerio de Salud solicitó la designación de un procurador(a) ad hoc especializado en Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, con el fin de garantizar el respeto al principio de imparcialidad y los derechos fundamentales al debido proceso.
