Secuestros para forzar intercambios por guerrilleros presos, la estrategia de las Farc que también golpeó a Santander

Por primera vez en la historia judicial del país, Colombia cuenta con una radiografía completa y documentada sobre los secuestros perpetrados por las extintas Farc-EP. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó la etapa de investigación del Caso 01, estableciendo quiénes fueron los máximos responsables, cómo se ejecutaron las políticas de secuestro en cada región y cuál fue el daño profundo y diferenciado causado a miles de víctimas, sus familias y los territorios.

 La investigación identificó 63 máximos responsables nacionales y regionales por estos crímenes, de los cuales solo 23 habían sido condenados previamente por la justicia ordinaria, muchos de ellos en ausencia. Además, la JEP imputó por primera vez otros delitos cometidos durante el cautiverio, como tortura, tratos crueles e inhumanos, esclavitud, violencia sexual, desaparición forzada y homicidio, ampliando el alcance de la verdad judicial sobre el conflicto armado.

 Durante más de dos años, la magistratura escuchó a todas las víctimas que quisieron participar. Un total de 4.439 personas se acreditaron ante la JEP y 795 presentaron observaciones en audiencias públicas, muchas de ellas por primera vez frente a una autoridad judicial. Sus relatos dieron cuenta de los malos tratos, las humillaciones, el hambre, las marchas forzadas, la falta de atención médica, el miedo constante a la muerte y la violación sistemática de la dignidad humana.

 Las mujeres, niños, niñas y adultos mayores relataron afectaciones diferenciadas, mientras que los familiares narraron el impacto devastador del secuestro en sus vidas: negociaciones forzadas, endeudamientos, enfermedades físicas y mentales, pérdida de proyectos de vida y una fractura profunda en la confianza social. “Quienes padecieron el secuestro no volvieron a ser los mismos”, concluyó la Sala.

Las audiencias también sirvieron para honrar la memoria de quienes murieron en cautiverio y para avanzar en la búsqueda de personas que aún permanecen desaparecidas. Fotografías, cartas, objetos personales y testimonios escritos se convirtieron en pruebas vivas del horror.

Tres patrones criminales

La JEP estableció que las Farc-EP ejecutaron los secuestros siguiendo tres patrones criminales definidos por el secretariado:

Secuestros para el control social y territorial, un patrón poco documentado hasta ahora, que incluyó castigos colectivos, trabajos forzados y persecución bajo sospechas, muchas veces infundadas, de colaboración con el Estado o grupos armados rivales.

Ganaderos, comerciantes, agricultores, transportadores y trabajadores del sector minero-energético fueron los más afectados por los secuestros extorsivos, mientras que comunidades rurales enteras quedaron sometidas al terror como mecanismo de dominación.

Con el cierre de la investigación, la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, consideradas las estructuras más crueles de la antigua guerrilla, responsables de secuestros en cerca de la mitad del territorio nacional.

El Bloque Oriental, responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc, operó en departamentos como Arauca, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada, Cundinamarca, Boyacá, Caquetá y Santander. El Bloque Sur, aunque responsable del 8 % de los casos según la Fiscalía, concentra un número significativo de víctimas acreditadas ante la JEP, reflejando las barreras históricas de acceso a la justicia.

Ambos bloques concentraron también los mayores niveles de violencia durante el cautiverio: tortura, violencia sexual, homicidios, desapariciones forzadas y esclavitud. Una misma víctima, documentó la JEP, podía sufrir varios de estos crímenes de manera simultánea.

Reconocimiento de responsabilidad

Hasta la fecha, 36 comparecientes han reconocido su responsabilidad frente a las víctimas. Entre ellos, los siete integrantes del último secretariado de las Farc-EP, quienes aceptaron haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y ya fueron sancionados por el Tribunal de Paz.

El proceso ha permitido encuentros dialógicos inéditos entre víctimas y excombatientes. Gracias a estos espacios, algunas familias pudieron encontrar los restos de sus seres queridos, conocer la verdad sobre lo ocurrido o acceder a derechos civiles largamente negados, como certificados de defunción o reclamaciones pensionales.

Casos emblemáticos y memoria histórica

La JEP documentó secuestros que marcaron a la opinión pública nacional, como los de los diputados del Valle, el exgobernador Guillermo Gaviria y su consejero Gilberto Echeverri, Ingrid Betancourt, Alan Jara, militares y policías que permanecieron hasta 14 años en cautiverio, y civiles cuyo sufrimiento había quedado invisibilizado.

En palabras de la Sala, estas imputaciones no solo buscan sancionar, sino construir verdad judicial y memoria histórica, atendiendo las demandas concretas de las víctimas y dejando un registro detallado de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.

¿Qué sigue?

Los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los cargos. Si aceptan responsabilidad y aportan verdad, la JEP convocará Audiencias de Reconocimiento, paso previo a la imposición de sanciones propias, de carácter restaurativo, con restricciones efectivas de libertad pero sin cárcel.

Si niegan los hechos, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio adversarial similar al de la justicia ordinaria.

La JEP también ordenó a los comparecientes entregar información urgente para ubicar a 185 personas desaparecidas durante el cautiverio, una deuda que sigue abierta con cientos de familias.

Con el cierre de esta investigación, la justicia transicional da un paso decisivo: nombra responsables, escucha a las víctimas y deja constancia de que el secuestro, en todas sus formas, fue un crimen sistemático que jamás debe repetirse en Colombia.