Más allá del impacto económico, esta medida tiene un significado profundo: reivindica el derecho de los creadores a administrar su trabajo y protege al ciudadano frente a prácticas abusivas de entidades con poder monopólico. El mensaje es claro: ninguna organización, por grande o tradicional que sea, puede bloquear la libertad de los artistas, imponer contratos leoninos o beneficiarse de su posición para restringir la competencia y afectar al público.

Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE

En la que ha sido catalogada como una de las sanciones más contundentes de los últimos años en materia de competencia y protección de derechos de autor, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa superior a $5.307 millones contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y ocho de sus directivos, tras comprobar que la entidad incurrió durante años en prácticas restrictivas, abusos de posición dominante y conductas que afectaron directamente los derechos de autores, compositores y del público consumidor.

La sanción recayó de forma individual sobre ocho directivos, algunos de ellos reconocidos públicamente por su influencia dentro del gremio. La SIC concluyó que estas personas no solo tenían conocimiento de las prácticas restrictivas, sino que participaron y avalaron la estructura que impedía la competencia y vulneraba los derechos de los compositores.

Las multas individuales, que van desde los $7 millones hasta los casi $600 millones, buscan responsabilizar a quienes, desde posiciones gerenciales, permitieron que Sayco operara bajo esquemas lesivos para su propio cuerpo de afiliados. La cifra total, que supera los cinco mil millones de pesos, se distribuye así:

·         Sayco (como empresa): $3.655.084.684

·         César Ahumada: $575.449.942

·         Indira de la Cruz: $7.036.168

·         Ricardo Gómez: $168.348.220

·         José Hernández: $19.778.872

·         Rita Fernández: $249.634.561

·         Rafael Manjarrés: $570.826.831

·         Peña: $38.512.520

·         Alberto Morales: $23.048.550

Se trata de una medida histórica, no solo por la magnitud de la sanción sino porque abarca simultáneamente a la entidad y a toda su cúpula operativa, evidenciando —según la SIC— un esquema institucionalizado para restringir derechos y obstaculizar la libre gestión de obras musicales en el país.

Un patrón de abuso hacia los creadores

Además, la investigación determinó que Sayco, siendo la única sociedad autorizada por el Estado para la gestión colectiva de derechos de comunicación pública, aprovechó su posición privilegiada para impedir que los autores gestionaran de forma individual los derechos patrimoniales de sus propias obras.

La entidad, según la SIC, no solo condicionó servicios, sino que impuso contratos que ataban a los creadores a entregar absolutamente todas las modalidades de comunicación pública, desde establecimientos comerciales hasta televisión, radio y eventos en vivo. Tres conductas fueron

determinantes para la sanción:

Contratos abusivos: Sayco diseñó contratos de mandato que impedían a los creadores reservarse algún tipo de comunicación pública para manejarlo por cuenta propia.

Bloqueo a la modificación de contratos: A varios afiliados se les negó la posibilidad de modificar convenios previos para recuperar la gestión de ciertas modalidades, incluso cuando la ley les otorgaba ese derecho.

Incumplimiento de órdenes previas de la SIC: Aunque tenía la capacidad técnica para hacerlo, Sayco no implementó las adecuaciones exigidas desde 2016 para facilitar la gestión individual.

Para la Superintendencia, estas prácticas constituyen un abuso grave que fortaleció el monopolio de Sayco, mantuvo tarifas superiores al mercado y frustró la autonomía económica de cientos de compositores y músicos en el país.

Una tarifa discriminatoria y sin beneficios

Otro hallazgo reveló que Sayco cobraba a los titulares administrados una tarifa adicional del 10%, un recargo que no aplicaba a sus socios. Sin embargo, los autores que pagaban este porcentaje extra no tenían acceso a los beneficios que sí recibían los asociados, lo que configuraba una discriminación injustificada.

De acuerdo con la SIC, la entidad no solo cobraba más a quienes menos poder tenían dentro de la organización, sino que además les restringía cualquier posibilidad de mejorar sus condiciones o ejercer control sobre su obra.

La sanción busca romper un esquema que según el ente regulador limitó la competencia y perjudicó tanto a los creadores como al público. Durante años, Sayco ha sido objeto de controversia por sus prácticas de recaudo, tarifas, exigencias a establecimientos y restricciones a usuarios de música en espacios públicos.

Con esta decisión, la Superintendencia envía un mensaje enfático: las sociedades de gestión colectiva no pueden actuar como dueñas absolutas de la cultura, ni impedir el desarrollo de nuevas tecnologías y plataformas de administración musical que favorezcan a los artistas y a la ciudadanía.

Un horizonte más justo para los artistas

La SIC aseguró que esta decisión abre la puerta para que los autores y compositores recuperen la posibilidad de gestionar directamente sus derechos, lo que podría traducirse en mayores ingresos, mayor independencia económica y una relación más equitativa con las sociedades de gestión colectiva.

Además, la sanción facilita el ingreso de empresas con tecnologías innovadoras que ofrecen servicios alternativos de administración musical, lo que podría democratizar el sistema, reducir tarifas y aumentar la transparencia.