Sicarios le cobraron a bala aparente extorsión en San Pablo
Resumen
Un ataque armado en San Pablo, Bolívar, cobró la vida de Eider Pedrozo y dejó desaparecido a Juan Martínez. Se sospecha de un grupo ilegal vinculado a extorsiones y control de minería ilegal. Autoridades buscan a los responsables mientras la comunidad clama justicia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Las autoridades del sur de Bolívar investigan un ataque armado ocurrido en zona rural del municipio de San Pablo, donde dos hombres fueron víctimas de un atentado mientras realizaban labores de extracción de arena a orillas del río Magdalena.
Durante el hecho perdió la vida Eider Pedrozo Palomino, de 28 años, conocido como “El Guajiro”. Su compañero, Juan Martínez Rodríguez, de 56 años, cayó al agua en medio del tiroteo y hasta el momento continúa desaparecido.
Pese a versiones no confirmadas que señalan que Martínez habría muerto, sus familiares se aferran a la esperanza de encontrarlo con vida. Organismos de socorro, con el apoyo de la comunidad, adelantan labores de rastreo por tierra y agua, aunque sin resultados hasta ahora. Las operaciones se concentran en el tramo comprendido entre San Pablo y el corregimiento de Cerro Azul.
Según las primeras hipótesis, el ataque habría sido cometido por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en la zona. Se presume que la agresión está relacionada con extorsiones y disputas por el control de las rentas derivadas de la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables del crimen y reforzar la seguridad en los sectores rurales del municipio, afectados por la presencia de estructuras armadas que ejercen presión sobre la población civil.
El sur de Bolívar continúa siendo una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. En este territorio convergen disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, grupos que mantienen enfrentamientos por el dominio de corredores estratégicos y rutas del narcotráfico.
La persistencia del conflicto ha provocado desplazamientos forzados, asesinatos y reclutamiento de menores, además de un clima de temor constante entre los habitantes. Líderes comunitarios han pedido mayor presencia de la Fuerza Pública y acciones integrales del Estado para frenar la expansión de estas organizaciones.
El caso es atendido por la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que buscan esclarecer los móviles del atentado y determinar qué estructura armada está detrás del hecho.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas piden justicia y la pronta aparición de Juan Martínez, cuyo paradero sigue siendo incierto.
