Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Gobierno de Nicolás Maduro anunció que le revocaba a Brasil el beneplácito de ejercer la representación argentina en Venezuela, que venía ejerciendo desde el 1 de agosto, cuando se rompieron las relaciones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei y se ordenó la expulsión de todo el personal diplomático de Argentina. Los refugiados estaban a punto de quedar en el limbo, a merced de la justicia chavista que los acusa de terrorismo. Era un momento en el que había mayores expectativas de que las gestiones de las potencias de izquierda de América Latina —Brasil, Colombia y México— pudieran sentar en la mesa a negociar a Nicolás Maduro tras la crisis desatada en Venezuela por la cuestionada proclamación del líder chavista como presidente reelegido, sin haber presentado las pruebas de los resultados.
El Gobierno venezolano asegura que se ve “obligado” a tomar esta decisión por las pruebas que supuestamente tiene de que la embajada del Brasil se está usando para “la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio” contra Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Añade la cancillería brasileña que, de acuerdo a la Convención de Viena, “Brasil mantendrá la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el Gobierno argentino indique otro Estado que el Gobierno venezolano considere aceptable para ejercer las funciones mencionadas”. El Gobierno de Lula también advierte al de Maduro ante la tentación de asaltar la legación para detener a los colaboradores de Machado, al subrayar “la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente alberga a seis asilados venezolanos”.
El presidente Lula, de Brasil, insistió el viernes, una vez más, en que Maduro debe probar que ganó las elecciones. “Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante”, declaró Lula. El asedio de las fuerzas de seguridad llega justo después de que Javier Milei pidiera al Tribunal Penal Internacional (TPI) que girara una orden de arresto “contra Maduro y otros cabecillas del régimen”, atendiendo a la investigación que cursa en ese órgano judicial y el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela después de las elecciones.
Una treintena de expresidentes de América Latina y España también han consignado una carta en La Haya, sede del TPI, en la que pidieron al fiscal Karim Khan que emitiera órdenes de captura contra Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, recién nombrado ministro de Interior y Justicia. Entre los firmantes están los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa. El chavismo asegura que ha ganado las elecciones, pero muy pocos creen que eso sea cierto, puesto que no han sido publicados los resultados detallados. En este tiempo, las autoridades han detenido a miles de opositores y activistas que han denunciado el fraude electoral y ahora amenazan con asaltar la embajada de Argentina, lo que sería un desafío más a las leyes internacionales.
