Siguen revelando identidades de ‘ladrones de cuello blanco’

Congresistas de la Comisión de Acusaciones están encartados.

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que se encuentra privada de la libertad a órdenes de la fiscalía general de la Nación, por el saqueo de grandes sumas de dinero de la ‘Unidad de Control del Riesgo de Desastres’, advirtió que tiene “datos precisos y verificables” en contra de altos funcionarios del Gobierno nacional y quiere llegar a alguna negociación con la fiscalía general, que la tiene con medida de aseguramiento, privada de la libertad. Hasta el momento han sido condenados a penas de prisión Olmedo López y Sneider Pinilla Álvarez, pero quedan pendientes los procesos penales contra cuatro ex ministros, el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara, que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia  

Al hablar de aforados, Sandra Ortiz se refiere al magistrado Ciro Fernández, quien, por ser miembro de una alta Corte, goza de fuero constitucional y su proceso estaría en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que se ha abstenido de investigarlo. El rechazo a la inmunidad total que solicitó la defensa de Sandra Ortiz nace de la información que está ofreciendo la exconsejera del presidente Gustavo Petro. En criterio de la Fiscalía, buena parte de los datos suministrados no tienen soporte probatorio.  

No obstante, rápidamente, la defensa de Sandra Ortiz desestimó lo dicho por la Fiscalía y advirtió que su cliente sigue comprometida con colaborar a la justicia y develar la verdad de este escándalo, a pesar de los riesgos conocidos en materia de seguridad para ella y su familia. Insistió en el principio de oportunidad para brindar esa información. Sandra Ortiz fue imputada por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público por los cuales, según el ente acusador, está próxima a ser acusada.