Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Recientemente, se negó ponencia de archivo para Proyecto de Ley que busca establecer lineamientos en la prestación del servicio de salud para menores de 18 años frente a tratamientos de reasignación de género.
La Comisión VII del Senado de la República desarrolló un intenso debate en torno al Proyecto de Ley que busca establecer lineamientos en la prestación del servicio de salud para menores de 18 años frente a tratamientos de reasignación de género, cuya ponente es la Senadora Lorena Rios. Durante la sesión, se discutieron aspectos médicos, sociales y éticos, poniendo en el centro de la conversación la protección de los derechos de los niños y adolescentes colombianos.
La senadora ponente, presentó el proyecto resaltando la necesidad de regular este tipo de tratamientos en menores de edad, incluyendo el uso de bloqueadores de pubertad, tratamiento hormonal cruzado y cirugías de afirmación de género.
“Este proyecto se fundamenta en proteger la salud integral de los menores, alejándonos de discursos ideológicos y centrándonos en criterios médicos y éticos. Queremos garantizar que los derechos de los niños y adolescentes prevalezcan en cualquier decisión que involucre su salud física y mental," afirmó Ríos.
El proyecto tiene en cuenta conceptos previos como disforia de género, discordancia de género, la ruta afirmativa (affirmative care) y directrices internacionales como las de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH). Además, destaca la prohibición del uso de recursos públicos para estos tratamientos en menores y establece lineamientos para la atención integral en salud, incluyendo la conformación de equipos interdisciplinarios.
Riesgos asociados y
casos internacionales
La senadora enfatizó los riesgos médicos y psicológicos de estos tratamientos en menores, señalando: "Los bloqueadores hormonales y tratamientos irreversibles pueden alterar de forma permanente el desarrollo físico y mental de un menor, con consecuencias como hipertensión, tromboembolias, cáncer y trastornos psiquiátricos. Esto no puede tomarse a la ligera".
Ríos también comparó el caso colombiano con legislaciones internacionales, mencionando que países como el Reino Unido, Francia y Dinamarca han restringido este tipo de intervenciones en menores, priorizando terapias psicológicas y tratamientos menos invasivos. "El ejemplo de estas naciones nos demuestra que es preferible optar por enfoques precautorios que salvaguarden la integridad de los menores," puntualizó.
El senador Wilson Arias, Pacto Histórico, presentó una proposición de archivo del proyecto, argumentando que este no toma en cuenta el sufrimiento derivado de la discriminación que enfrentan las personas transgénero y que podría estigmatizar aún más a esta población vulnerable.
"No podemos desconocer que las dificultades psicológicas de las personas trans son producto de prejuicios sociales, no de su identidad de género. Necesitamos un enfoque que garantice sus derechos y no uno que limite su acceso a tratamientos",expresó Arias.
Próximos pasos
Sin embargo, la proposición de archivo fue negada con siete votos en contra y cinco a favor, permitiendo que el debate del proyecto continúe en una próxima sesión.
La senadora Ríos destacó que el proyecto ha sido construido con base en el diálogo técnico. "El pasado 26 de septiembre realizamos una mesa técnica con representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, universidades como la Universidad de La Sabana, y organizaciones de la sociedad civil, para abordar esta problemática desde una perspectiva integral", afirmó.
Por su parte, Arias solicitó la creación de una nueva mesa técnica para incluir mayor participación de expertos médicos y académicos antes de tomar decisiones definitivas.
El debate continuará en la Comisión VII retomando la discusión del articulado, enfocado en:
- Definir la atención integral en salud para menores con disforia de género.
- Prohibir ciertos tratamientos irreversibles y experimentales en menores de edad.
- Garantizar que las decisiones relacionadas con la salud de los menores se tomen en un marco de protección integral de sus derechos.
