“Subsidio al diésel tiene que ser para los más pobres”: ministro Edwin Palma

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, anunció la puesta en marcha del mecanismo diferencial para el precio del diésel, una medida que corrige una injusticia histórica: durante años, el país subsidió de forma indiscriminada el combustible, beneficiando en gran medida a los hogares de mayores ingresos que a los más vulnerables.

El subsidio generalizado al diésel resultó ser una política regresiva e ineficiente, en la que el 10% de los hogares con mayores ingresos concentraba el 27,3% de los beneficios, mientras que el 10% más pobre recibía apenas el 2,8%. En otras palabras, los sectores de altos ingresos obtenían hasta diez veces el subsidio destinado a los hogares más vulnerables, a costa de recursos que podrían haberse destinado a educación, salud, ambiente y programas sociales.

“Estamos corrigiendo una injusticia social y fiscal que privilegiaba a quienes menos lo necesitaban. No tiene sentido que el Estado gaste billones de pesos subsidiando el combustible de camionetas particulares mientras millones de colombianos esperan más inversión en salud, educación y reforestación”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El mecanismo diferencial ajustará de manera gradual el precio del diésel solo para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales, que no cumplen funciones esenciales de transporte.

El transporte público, de carga y los sectores estratégicos seguirán protegidos mediante la política de estabilización vigente, garantizando que no haya impactos en el costo de los alimentos ni de la canasta familiar.

“Esta medida protege a quienes realmente mueven al país, transportadores, campesinos y trabajadores. Estamos usando los recursos públicos con justicia social, poniendo primero a la mayoría y no a unos pocos”, añadió Palma.

El jefe de la cartera de energía recordó que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) alcanzó un déficit histórico de $36,7 billones en 2022, producto de años de subsidios indiscriminados. Con la aplicación de este mecanismo, se busca reducir el déficit, liberar recursos y garantizar un gasto público más justo y sostenible.

“Cada peso que dejamos de gastar en subsidios injustos es un peso que podemos invertir en bienestar colectivo, en un país más equitativo y en una transición energética justa”, concluyó el ministro.

Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con una transición energética ordenada, responsable y equitativa, que prioriza el bienestar de las mayorías, protege a los sectores productivos esenciales y fortalece la justicia social en el uso de los recursos públicos.