Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Que hubo de por medio cinco mil millones de pesos de bonificación para cada uno de los miembros del ‘Bloque de Búsqueda’ de la Policía Nacional que enfrentaron al capo del ‘Cartel de Medellín’, Pablo Emilio Escobar Gaviria, es la última revelación que ha hecho el exgobernador Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien midió fuerzas contra los líderes de la mafia más poderosa del mundo y que, sin embargo, no supo explicar a tiempo los orígenes del incremento patrimonial que generaba la secreta recompensa ordenada por los Estados Unidos y por los mandos superiores del gobierno de aquella época tenebrosa, donde los agentes de la policía eran asesinados en las calles de Medellín, en una confrontación diabólica de la mafia contra las fuerzas de seguridad del Estado.
El temor a rebelar las fuentes de financiación de aquellas recompensas que se entregaron en dinero efectivo y que aportaban los empresarios ha colocado desde entonces un velo de olvido, creyendo mitigar el impacto de una guerra terrible que le cobró al país y a la fuerza pública, numerosas vidas.
El precio de una ‘OPERACIÓN SUICIDA’, donde los integrantes del Bloque de Búsqueda estaban expuestos al sacrificio de sus vidas, con tal de obtener las millonarias recompensas, fue lo que se tradujo en una presunta operación de enriquecimiento ilícito que les pasó factura a los héroes de aquella epopeya.
Aunque parezca terrible e inhumano decirlo, solamente con la pena de muerte que le fue aplicada a los jefes de la mafia del Cartel de Medellín pudo recuperarse un poco la tranquilidad en Antioquia, Llanos Orientales y otras regiones del país, produciéndose una metamorfosis de los movimientos alzados en armas, que convirtieron el narcotráfico en la tenebrosa financiación de la guerra de guerrillas.
Años después del exterminio del Cartel de Medellín, la producción de estupefacientes quedó en manos de las disidencias de las FARC, del Grupo Nueva Marquetalia y del Clan del Golfo, que manejan y controlan la producción de estupefacientes y las rutas internacionales de su comercialización, porque es el negocio ‘ilícito’ más lucrativo del mundo.
El exgobernador Hugo Helidoro Aguilar Naranjo reveló ayer ante la ‘Justicia Especial para la Paz’ que fuentes del alto gobierno pagaron las millonarias recompensas, que no están certificadas en los asientos contables de las arcas oficiales, porque sería incurrir en otros delitos, como el peculado por apropiación, cuando pudo recaudarse entre poderosos empresarios dispuestos a pagar lo que fuera necesario por eliminar al ‘Capo de Capos’ Pablo Emilio Escobar Gaviria, el hombre más sanguinario que haya conocido la reciente historia de Colombia.
Los magistrados que juzgaron al Coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por haber ocultado la verdad sobre sus bienes de fortuna, no podían aceptar procedimientos irregulares en la entrega de recompensas por la cabeza de los bandidos de la peor laya que encabezaron los narcotraficantes del ‘Cartel de Medellín’.
Es más, tuvieron que valerse de los Hermanos Castaño, jefes del primer movimiento de Autodefensa Campesina, que crearon grupos de inteligencia privada para enfrentar a Pablo Emilio Escobar. No existía una legislación coyuntural que le permitiera a los ciudadanos de bien utilizar armas de defensa personal, que están prohibidas en Colombia, a pesar de que la gente de bien las necesita para sobrevivir a la vorágine del conflicto armado.
Aguilar Naranjo fue un brillante oficial de la Policía Nacional cuando el propio presidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo, le solicitó al director de la institución seleccionar a los mejores policías de Colombia que debían enfrentar al temible capo del narcotráfico, responsable de la matanza de ochocientos agentes y oficiales de la institución, a varios jueces de la república, a un procurador general de la nación, a dos ministros justicia y al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.
El tiempo se encargará de examinar este tramo de la historia nacional, donde las mafias del narcotráfico dominaban gran parte del Congreso de la República, como lo pueden comprobar en los anales del denominado ‘Proceso Ocho Mil’, donde se daba cuenta de la financiación de varias campañas presidenciales.
