Tecnología en la guerra para la cual el estado no está preparado

El ataque con drones a la base militar de Aguachica, Cesar, que acabó con la vida de siete soldados y dejó a otros treinta heridos, exhibe con crudeza una falla estratégica del Estado en materia de defensa, inteligencia y control de fronteras.

La muerte de siete uniformados no es un hecho aislado; es la consecuencia directa de una transformación tecnológica que exige respuestas decididas por parte de las Fuerzas Armadas colombianas.

En Ucrania, la guerra demostró cómo dispositivos económicos y accesibles alteran la mecánica del combate. En Colombia, el empleo de drones por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional y por otras estructuras armadas criminales traslada ese peligro al suelo nacional.

La reacción institucional no puede limitarse a declaraciones; debe convertirse en un plan operativo con metas, recursos asignados y responsables definidos.

Primero, la doctrina de adquisición militar necesita una revisión urgente. Proyectos de larga duración y contratos colosales resultan inadecuados frente a ataques ejecutados con equipos comerciales adaptados. El modelo tradicional de compra, concebido para equipos costosos y ciclos lentos, debe complementarse con procesos ágiles que permitan adquirir tecnología defensiva y sistemas de detección en plazos cortos. Mantener la burocracia intacta equivale a perder ventaja en la práctica.

Segundo, la inteligencia debe modernizarse. El uso de drones transforma las capacidades de vigilancia y ataque. No basta confiar en métodos convencionales de recolección de información. Es imprescindible integrar sensores, unidades de ciberdefensa y plataformas capaces de localizar, identificar y neutralizar amenazas aéreas pequeñas en tiempo real. Sin inteligencia puntual, las unidades en el terreno quedarán vulnerables a nuevas modalidades de violencia.

Tercero, el control de la cadena de suministro exige mayor rigor. La facilidad para importar drones y componentes, junto con la circulación de saber técnico en redes ilícitas, facilita la ejecución de ataques. Políticas aduaneras más estrictas, regulación de ventas y sanciones a intermediarios son herramientas necesarias. La cooperación internacional en el bloqueo de flujos y en el intercambio de contramedidas debe intensificarse.

Cuarto, la protección del personal y de las instalaciones requiere prioridad máxima. Bases y puestos avanzados precisan perímetros electrónicos, sistemas de neutralización y protocolos de respuesta médica adaptados a explosivos transportados por drones. Elevar la capacidad de repeler ataques y reducir víctimas no constituye un lujo; representa una obligación del Estado con quienes prestan servicio.

La fiscalización política y la crítica pública deben transformarse en medidas efectivas: asignación de recursos, responsabilidades claras y plazos concretos de implementación. Los hechos recientes no permiten complacencia. Cada demora compromete la seguridad colectiva y pone vidas en riesgo.

Este es un momento decisivo. Frente a una amenaza que muta con rapidez, la única opción viable es actuar con decisión, transparencia y eficacia. Las instituciones deben rendir cuentas y mostrar resultados tangibles en plazos medibles para restaurar la confianza y garantizar la protección de la población.