Resumen
El Tribunal de Santander abrió un desacato contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, por no cumplir con la delimitación del Páramo de Santurbán, ordenada por la Corte Constitucional hace siete años, lo que implica un posible detrimento a derechos fundamentales.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)El Tribunal Administrativo de Santander, en cabeza de la magistrada Luisa Fernanda Flores Reyes, abrió formalmente un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, debido a los reiterados incumplimientos y retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, desobedeciendo una orden dada por la Corte Constitucional hace más de 7 años.
Según el Auto proferido por el Tribunal, el incumplimiento de la Ministra, en especial de la sentencia T-361 de 20217 de la Corte Constitucional, implicaría que la funcionaria estaría yendo “en detrimento de los derechos fundamentales protegidos” por la Corte, lo que podría acarrear millonarias sanciones económicas contra Muhamad.
El Tribunal señala que la Ministra no ha cumplido con el cronograma establecido, no ha asistido a reuniones obligatorias y ha manifestado, en reiteradas ocasiones a la comunidad, que no cuenta con el presupuesto necesario para ejecutar la delimitación del Páramo pues los recursos para realizar las reuniones de concertación y otras actividades obligatorias estipuladas por la Corte no han sido apropiados en el presupuesto general de la Nación.
Además, en el último año, la gestión sobre este proceso ha sido prácticamente nula, como lo evidenció un informe del pasado mes de diciembre revelado por la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo.
De hecho, la Procuraduría General señaló que “la grave situación ambiental en la zona, marcada por la minería ilegal y una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos es consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio", es decir, del Ministerio de Ambiente.
"Las comunidades recibimos con esperanza el desacato que se le acabó de abrir a la doctora Susana Muhamad, como Ministra de Ambiente, ya que lo creemos justo y necesario. La Ministra lleva tomando el pelo, burlándose de esta sentencia, de las comunidades, del tribunal, y de la Corte Constitucional y no ha querido darle cumplimiento a la delimitación que ya debería estar solucionada. La doctora Susana Mohamad trató de convertir en Páramo lo que no es Páramo, y cuando vio que técnicamente no lo podía hacer, simplemente abandonó este proceso, inclusive lo quiere retroceder, y ahora quiere imponer una zona de reserva sin concertar con más comunidades, violando el Acuerdo de Escazú, y basándose en una interpretación equivocada de otra sentencia. Aquí en Colombia no tenemos garantías, están tomando decisiones ambientales que afectan la autonomía y el ordenamiento territorial de los municipios y del departamento", indicó Ivonne González, veedora ciudadana y líder de los pequeños mineros legales de Vetas.
Según el documento, la no delimitación del Páramo de Santurbán por parte del Minambiente, ha generado retrasos significativos en un proceso que tiene en vilo a miles de campesinos, agricultores, mineros tradicionales y comunidades, cuya economía se ha visto paralizada por casi una década debido al incumplimiento del Ministerio.
Como lo indica el documento del Tribunal el proceso de delimitación lleva más de siete años en espera, por lo que los organismos de control han advertido que la falta de concertación y planeación, el aplazamiento de reuniones, y la ausencia de medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte, tiene en vilo a municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga, entre otros.
Ante este panorama, los órganos de control han insistido en la urgencia de cumplir con la delimitación del Páramo de Santurbán antes de declarar normas sobre ese territorio, como la zona de reserva en 7 municipios de Soto Norte. Así mismo, la Procuraduría y la Defensoría han exigido que se para cualquier medida ambiental, se cumpla de manera efectiva con un proceso de concertación claro, y una metodología de participación amplia de las comunidades locales, como lo estipulan el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional de los años 2014, 2017 y 2024.
“A pesar de haberse programado 31 mesas de trabajo con las comunidades, solo seis se han realizado, lo que ha dejado en la incertidumbre a las comunidades”, indica el Auto. En el marco del proceso, el Tribunal ha requerido a la ministra Muhamad para que en un plazo de cinco días justifique las razones del incumplimiento o, en su defecto, cumpla con las órdenes judiciales establecidas.
El Tribunal también ha advertido que la falta de una delimitación clara ha incrementado la extracción ilícita de minerales en el ecosistema, afectando gravemente la cuenca hídrica que abastece de agua potable al área metropolitana de Bucaramanga y agravando la informalidad en la región.