Último minuto: Expulsan de la JEP al general (r) Mauricio Santoyo: perderá beneficios y enfrentará la justicia ordinaria

La decisión refuerza el mensaje de la justicia transicional de que los beneficios están condicionados al cumplimiento estricto del compromiso de verdad y reparación. La expulsión de Santoyo marca uno de los casos más relevantes de pérdida de beneficios dentro del sistema y evidencia los límites del modelo restaurativo cuando los comparecientes no cumplen con sus obligaciones.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco tras concluir que incumplió de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad, al no aportar verdad plena sobre su participación en los hechos por los que se sometió a la justicia transicional.

La determinación, adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, implica que el exoficial pierde los tratamientos jurídicos especiales y beneficios otorgados por ese sistema, quedando nuevamente expuesto a ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria.

De acuerdo con la decisión, el oficial retirado no cumplió con el deber central exigido a quienes se someten a la justicia transicional: contribuir con una versión exhaustiva, detallada y verificable de los hechos relacionados con el conflicto armado.

La JEP determinó que Santoyo no entregó información suficiente ni aportó elementos efectivos para esclarecer responsabilidades, redes de colaboración ni circunstancias completas de su actuación, lo que constituye una violación directa de las condiciones para permanecer en ese sistema especial.

El régimen de condicionalidad exige a los comparecientes reconocer responsabilidades, aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. El incumplimiento de cualquiera de estos compromisos puede derivar en la pérdida de beneficios, como finalmente ocurrió en este caso.

El caso de Santoyo se remonta a investigaciones sobre sus presuntos vínculos con estructuras del paramilitarismo en Colombia, especialmente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización armada ilegal responsable de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

Las autoridades lo han vinculado con:

Colaboración con grupos paramilitares mediante el suministro de información de inteligencia.

Apoyo a estructuras criminales que operaban en distintas regiones del país.

Contribución a actividades ilegales que favorecieron la acción y expansión de organizaciones armadas al margen de la ley.

En el ámbito internacional, el exgeneral fue extraditado a Estados Unidos en 2012, donde admitió cargos relacionados con apoyo a organizaciones paramilitares consideradas terroristas por ese país, lo que derivó en una condena judicial. Posteriormente regresó a Colombia y buscó acogerse a la JEP con el propósito de obtener beneficios jurídicos a cambio de aportar verdad sobre su actuación.

Trayectoria y controversias

Santoyo ocupó cargos de alto nivel dentro de la Policía Nacional y llegó a desempeñarse como jefe de seguridad presidencial durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que convirtió su caso en uno de los más sensibles en materia de infiltración del paramilitarismo en instituciones del Estado.

Su sometimiento a la JEP se interpretó inicialmente como una oportunidad para esclarecer posibles relaciones entre agentes estatales y estructuras armadas ilegales. Sin embargo, el tribunal concluyó que su aporte no cumplió con los estándares exigidos.

Con su salida del sistema transicional el exgeneral Santoyo pierde beneficios penales y tratamientos especiales concedidos por la JEP; su situación jurídica vuelve a manos de la justicia ordinaria; igualmente, podrá ser procesado sin las garantías propias del modelo de justicia restaurativa; se reactivan investigaciones por los delitos asociados a su presunta colaboración con estructuras paramilitares.