¿Un corruto manejando Ecopetrol? Imputación contra Ricardo Roa reabre debate sobre la gobernanza de Ecopetrol

La Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 11 de marzo de 2026 la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en un proceso que amenaza con profundizar la crisis reputacional y corporativa de la principal empresa estatal del país. El alto directivo deberá responder por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por un supuesto caso de tráfico de influencias vinculado a la adquisición de un inmueble en Bogotá.

Aunque el equipo jurídico de Roa ha reiterado que el funcionario no renunciará y que su permanencia dependerá exclusivamente de las decisiones de la Junta Directiva, el caso ha abierto un intenso debate sobre la conveniencia de que el presidente de la petrolera continúe al frente de la compañía en medio de cuestionamientos judiciales que, según analistas, podrían comprometer la estabilidad financiera, reputacional y estratégica de Ecopetrol.

La Fiscalía pretende imputar a Roa el delito de violación de topes en la financiación de campañas políticas, luego de establecer que, presuntamente, durante la campaña presidencial de 2022 se habrían superado los límites de gasto en más de 1.500 millones de pesos. Las investigaciones señalan que algunos servicios contratados no habrían sido reportados en la contabilidad oficial.

Adicionalmente, el ente acusador lo vincula con un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en el sector del Chicó, en el norte de Bogotá, operación que ha generado cuestionamientos debido al precio reportado por metro cuadrado y a supuestos favores contractuales ligados a la negociación.

La defensa del directivo sostiene que existen soportes documentales que acreditan la legalidad de la adquisición del inmueble y que los recursos utilizados provinieron de créditos con entidades financieras. Asimismo, niega que se hayan superado los topes electorales y recalca que el proceso se encuentra amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia.

El impacto en la petrolera más importante del país

Más allá del proceso penal, distintos sectores han advertido que la permanencia de Roa podría generar efectos adversos en el desempeño corporativo de Ecopetrol. Analistas del mercado han señalado que la incertidumbre jurídica y política se ha convertido en un factor de riesgo que afecta la confianza de inversionistas y acreedores.

Informes financieros evidencian que la compañía registró utilidades por 2,5 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, lo que representó una caída cercana al 30 % frente al mismo periodo del año anterior. Paralelamente, la petrolera ha tenido que emitir deuda en condiciones similares a las registradas durante la pandemia, situación que expertos asocian con una crisis reputacional que rodea su dirección corporativa.

Las calificadoras internacionales también han manifestado preocupaciones. Fitch Ratings redujo la calificación global de Ecopetrol, señalando el impacto del riesgo fiscal del país y las tensiones derivadas de su dirección política. Aunque la operación técnica de la empresa continúa siendo sólida, los analistas advierten que los factores externos, especialmente los relacionados con gobernanza, inciden en su valoración.

Una Junta Directiva en el centro del dilema

La eventual continuidad de Roa depende, en gran medida, de la Junta Directiva de Ecopetrol, órgano que enfrenta un complejo escenario entre garantizar la estabilidad institucional de la empresa y respetar el principio de presunción de inocencia.

Expertos en gobierno corporativo han señalado que, en el sector privado, investigaciones por presuntos actos de corrupción suelen ser motivo suficiente para separar temporalmente a un alto directivo mientras se resuelven los procesos judiciales. Sin embargo, en el caso de Ecopetrol, la condición del Estado como accionista mayoritario introduce variables políticas que dificultan la toma de decisiones independientes.

La reciente recomposición de la Junta ha intensificado los cuestionamientos sobre su autonomía, debido al ingreso de nuevos miembros cercanos a sectores afines al Gobierno nacional, lo que para algunos observadores podría limitar la posibilidad de adoptar decisiones que impliquen la salida del presidente de la compañía.

Costos económicos y reputacionales

La controversia también ha generado impactos económicos directos. Uno de los casos más relevantes es la contratación de la firma estadounidense Covington & Burling para evaluar eventuales consecuencias legales en Estados Unidos derivadas de las investigaciones contra Roa. El contrato pasó de un valor inicial de 875.000 dólares a cerca de 5,8 millones de dólares, situación que provocó investigaciones disciplinarias internas y alertas de la Contraloría por posibles riesgos patrimoniales.

Estos episodios han alimentado la percepción de que la compañía enfrenta no solo un desafío judicial, sino también un deterioro de su imagen ante los mercados internacionales, donde Ecopetrol ha sido históricamente considerada un activo estratégico del Estado colombiano.

El caso ha puesto sobre la mesa el debate entre el respeto al debido proceso y la necesidad de proteger la institucionalidad empresarial. Si bien Roa conserva su derecho constitucional a la presunción de inocencia, analistas sostienen que la naturaleza estratégica de Ecopetrol exige estándares de transparencia y credibilidad particularmente elevados.

 La discusión cobra mayor relevancia debido a que el propio Roa manifestó en 2024 que, si su permanencia afectaba la reputación o el valor de la empresa, daría un paso al costado. Hoy, con una imputación penal en curso, varios sectores consideran que la situación ha superado el umbral de riesgo reputacional que podría justificar su permanencia en el cargo.

La cercanía de Roa con el presidente Gustavo Petro ha convertido el proceso en un asunto de alto impacto político. Su eventual salida podría interpretarse como un golpe a la administración nacional, mientras que su permanencia prolonga la incertidumbre sobre la estabilidad directiva de la principal empresa energética del país.