Un mes de dignidad: lo que Santander le está enseñando al país

Por: Carlos Roncancio Castillo*

En Colombia, las huelgas suelen contarse en días. Se miden en pérdidas, en interrupciones, en cifras. Rara vez se miden en dignidad. Por eso, lo que está ocurriendo en la Electrificadora de Santander merece ser entendido de otra manera: no como un simple conflicto laboral, sino como una señal profunda sobre el estado de la negociación colectiva en el país.

Ha pasado un mes desde que los trabajadores decidieron irse a la huelga. Pero no es un mes cualquiera. Es un mes en el que se ha puesto en discusión algo mucho más importante que una fórmula salarial: se ha puesto en juego el sentido mismo de los derechos laborales en Colombia.

Porque lo que está ocurriendo en Santander no es un hecho aislado. Es el reflejo de una tensión más amplia: la que existe entre un modelo que concibe la negociación colectiva como un mecanismo para mejorar condiciones de vida, y otro que la reduce a un espacio para ajustar, recortar o relativizar derechos ya conquistados.

Y en esa tensión hay un principio que no puede pasar desapercibido: la progresividad de los derechos laborales.

La progresividad no es una consigna ideológica. Es un principio jurídico reconocido, tanto en el derecho constitucional como en los estándares internacionales del trabajo. Significa, en términos simples, que los derechos deben avanzar, consolidarse y fortalecerse. No retroceder. No debilitarse. No ponerse en discusión cada vez que cambian las condiciones económicas o las prioridades empresariales.

Por eso, cuando en una mesa de negociación se plantea modificar una cláusula que protege la indexación salarial, no se está ante un simple ajuste técnico. Se está frente a una decisión que puede alterar el nivel de protección que los trabajadores han construido durante años. Se está frente a una discusión sobre si la convención colectiva sigue siendo un piso de garantías o si puede convertirse en un terreno de regresión. Y esa no es una discusión menor.

La convención colectiva no es un documento simbólico. Es la materialización de un equilibrio entre capital y trabajo, construido a partir del diálogo, pero también de la historia. Es el resultado de generaciones de trabajadores que entendieron que los derechos no se otorgan: se conquistan. Y que, una vez conquistados, deben ser protegidos.

Lo que está en juego en Santander, entonces, no es únicamente una cláusula salarial. Es la credibilidad misma de la negociación colectiva como institución. Es la idea de que lo pactado se respeta. Es la confianza en que las reglas del juego no se modifican unilateralmente bajo presión.

Pero hay algo más que también debería preocupar al país. Durante este conflicto han salido a flote decisiones que afectan directamente la estructura de la organización sindical: restricciones a permisos, debilitamiento de la representación, afectaciones a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad. Estos hechos, lejos de ser anecdóticos, plantean una pregunta de fondo: ¿qué tan protegida está hoy la libertad sindical en Colombia cuando se presentan conflictos reales?

Porque la libertad sindical no se mide en los momentos de calma. Se mide precisamente cuando hay tensión, cuando hay desacuerdo, cuando hay huelga. Y es en esos momentos donde el Estado y la sociedad deben demostrar si están del lado de los principios o de la conveniencia.

También conviene decirlo con claridad: esta huelga no es contra la comunidad. Es, en esencia, una huelga por la dignidad de quienes prestan un servicio esencial. Los mismos trabajadores que hoy están en paro son los que, en momentos críticos, han sostenido la operación del sistema eléctrico con jornadas extensas, con conocimiento técnico y con compromiso.

Reducir este conflicto a una disputa económica es no entender su profundidad. Aquí lo que está en discusión es si Colombia va a permitir que la negociación colectiva se convierta en un mecanismo de retroceso, o si va a reafirmar que los derechos laborales son un componente esencial del Estado Social de Derecho.

Santander, en este momento, está enviando un mensaje que trasciende sus fronteras: hay trabajadores que no están dispuestos a negociar la dignidad a la baja. Hay organizaciones sindicales que entienden que ceder en ciertos puntos no es pragmatismo, sino renunciar a principios fundamentales. Y hay conflictos que, aunque incómodos, son necesarios para definir hacia dónde se mueve una sociedad. Un mes después, la pregunta ya no es cuánto va a durar esta huelga. La pregunta es qué va a dejar.

Si de este proceso resulta una negociación que respete la progresividad de los derechos, se habrá fortalecido la institucionalidad laboral. Pero si lo que se impone es la lógica del retroceso, el mensaje será otro: que en Colombia los derechos pueden relativizarse cuando resulta conveniente. Y ese sería un precedente peligroso.

Por eso, más allá de las posiciones de cada parte, este conflicto merece ser observado con seriedad. Porque lo que se resuelva en Santander no se queda en Santander. Se proyecta sobre el país entero.

A veces, las discusiones más importantes no ocurren en los grandes escenarios nacionales, sino en territorios donde se decide, en silencio, si los derechos se sostienen o se debilitan.

Hoy, Santander está en ese punto. Y lo que allí ocurra dirá mucho sobre el tipo de país que Colombia quiere ser. *Defensor de Derechos Humanos.