Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La vía, por un valor de 1 billón 413 mil millones de pesos, pretendía conectar el centro y norte del país con el oriente colombiano beneficiando con una autopista 4G a más de 4 millones de colombianos entre los que se encontraban los agricultores que abastecen las despensas agrícolas de Cúcuta y Bucaramanga con productos que van desde los Santanderes incluso hasta la capital del país y la costa Atlántica, igualmente, pretendía beneficiar con la reducción de tiempo el tráfico pesado que sale y entra a Santander con destino a Cúcuta, así como la disminución de la densidad del tráfico que transita por Bucaramanga.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
EL FRENTE se había anticipado con mucha antelación a este suceso, que desde hace por lo menos dos meses parecía inminente. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció esta semana la imposibilidad de llevar a cabo las obras de la Conectante C1-C2, una obra que pretendía beneficiar a Santander desviando el tráfico pesado para que este no ingresara a Bucaramanga cuando requería continuar su recorrido desde el interior del país hacia la capital fronteriza. Autoridades se pronunciaron junto a los gremios y pidieron al gobierno nacional viabilizar contractualmente las obras del corredor vial.
“Perdimos la batalla, pero no la guerra. Solicito al Ministerio de Transporte que, de cara a esta decisión, junto con la bancada Santandereana, busquemos alternativas que permitan que la vía Bucaramanga - Pamplona sea en doble calzada, este corredor es fundamental para el desarrollo económico de la región y para el comercio que queremos reactivar con Venezuela. Díganos la fecha señor Ministro y le aseguro que ahí estaremos la mayoría”.
La frase la pronunció el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, tras recibir el comunicado oficial mediante el cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio por terminado la Concesión No. 002 de 2016, mejor conocido como la Autovía a Pamplona, aduciendo la inviabilidad del proyecto, razón por la cual las partes acordaron la terminación anticipada del contrato, ante la imposibilidad de ejecutar el Plan de Obras establecido para el proyecto vial.
De acuerdo con lo manifestado por la ANI, entre las razones que llevaron al sofocamiento de la continuidad del contrato se encuentran factores como la ausencia de tramites concernientes a la licencia ambiental, la cual había dispuesto una serie de requisitos que finalmente no se cumplieron, principalmente por la oposición de un sector de la comunidad.
“La licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la construcción de la Unidad Funcional 1 estableció entre las obligaciones para el desarrollo del proyecto: Remitir en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA -, los soportes documentales donde se evidencie la concertación con la Autoridad Municipal u otras Autoridades relacionadas con las intervenciones propuestas dentro de la infraestructura vial terciaria”, indicó la ANI, cuyo porta voz agregó se efectuaron las respectivas solicitudes para consumar los trámites ambientales, sin que se hubiera tenido éxito.
“A pesar de las numerosas gestiones adelantadas por la ANI y el concesionario ante las autoridades del municipio de Floridablanca, no fue posible concertar con la Alcaldía la utilización de las vías industriales que requiere el proyecto para la ejecución de las obras de la Unidad Funcional 1 o Conectante C1-C2, lo cual se constituye un Evento Eximente de Responsabilidad, lo que ocasiona la suspensión total del plazo contractual”, agregó la Agencia Nacional de Infraestructura.
Los recursos perdieron vigencia para su ejecución
Toda la situación fue reconocida por el Tribunal de Arbitramento que se inició para buscar un acercamiento entre las partes, fruto del cual se emitió un laudo proferido el 28 de marzo de 2023, el cual fue reforzado por la Decisión del Panel de Amigables Componedores del Proyecto en decisión del 4 de septiembre de 2023. ¿La conclusión? Ante la falta de concertación, la obra era inviable.
Agregó la agencia que ante La imposibilidad de ejecutar la Unidad Funcional 1 o Conectante C1- C2 generó la pérdida de vigencia del Plan de Obras del proyecto, afectando la ejecución de esta y de las demás Unidades Funcionales, así como la posibilidad de obtener financiación para ejecutar la totalidad del contrato.
Obras paliativas
“Debido a las situaciones enunciadas, tal como lo reconocen los pronunciamientos del Laudo Arbitral y la decisión del Panel de Amigables Componedores, la ANI y el concesionario evidencian que se han configurado varias de las causales para la terminación anticipada del contrato, por lo que debe iniciarse la etapa de reversión, la cual tendrá una duración de 300 días calendario, en los que el concesionario adelantará todas las actividades necesarias para cumplir con la entrega del corredor vial al Invías”, explicó la Agencia.
Además, la ANI explicó que mientras se adelanta la etapa de reversión, la Agencia y el concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona S.A. acordaron realizar diferentes intervenciones en puntos críticos del corredor Bucaramanga-Pamplona, con el objetivo de garantizar la operación y transitabilidad de la vía, para lo cual se destinaron $25.000 millones de pesos.
Así mismo, durante el plazo de ejecución de las intervenciones en puntos críticos y hasta la reversión del corredor al Invías, el concesionario continuará con las actividades de operación y mantenimiento en el corredor vial.
Gremios lamentaron el fracaso de la megaobra
El final anticipado del contrato con el que se pensaba llevar a cabo la construcción de la autopista 4G Bucaramanga-Pamplona en Colombia, podría tener un impacto económico de más de $1,4 billones de pesos.
Así lo advirtió el Comité Intergremial de Santander quien expresó que la liquidación del contrato representa: “un severo impacto en la economía del Gran Santander”.
La autopista 4G, Bucaramanga – Pamplona, fue una obra que se firmó el 2016 pero que a la fecha solo alcanzó el 10 por ciento de su ejecución debido a la falta de consensos con las comunidades, especialmente en lo concerniente a las obras que realizarían dentro de la denominada Concectante C1-C2, ubicadas en zona rural de Floridablanca, y cuya comunidad ha alegado incesantemente que el perjuicio ambiental sería mayor al beneficio para la infraestructura vial de la región comprendida entre la capital santandereana y el oriente colombiano.
Tal y como se explicó al inicio, esta obra serviría para desviar el tráfico pesado que viene del interior de Colombia con destino a Norte de Santander y Venezuela, así como el que ingresa por el norte de Bucaramanga, desde la Costa Atlántica, con destino a la frontera oriente del país.
De esta manera, los vehículos, sobre todo el tráfico pesado, evitarían pasar por vías de zonas residenciales como la Avenida Quebrada Seca y la calle principal de Morrorrico y en su reemplazo pasarían por el Anillo Vial hasta llegar a la Conectante), acortando tiempos en los desplazamientos y beneficiando la movilidad en el Área Metropolitana.
Pese a los beneficios la comunidad, atizada por sectores autodenominados ambientalistas, que elecciones tras elecciones utilizan los discursos medioambientales para obtener beneplácitos en las urnas, se opuso al proyecto argumentando que los trabajos afectarían los ecosistemas persistentes en las veredas Casiano Bajo, Helechales, Vericute y Rosablanca (cerros orientales de Floridablanca), obras que a juicio de la comunidad opositora implicaría la tala de un número importante de árboles y que el trazado de varios puntos de la vía estarían muy cercanos a nacimientos de agua.
Sin embargo, en respuesta a la inquietud ciudadana, la concesionaria, basada en los estudios técnicos y diseños de infraestructura, aseguró en el pasado que la obra implicaría la tala de 8.734 individuos arbóreos, los cuales serían repoblados en otros sectores de zonas rurales de Floridablanca.
Sumado a esto, otra crítica de los ambientalistas consistía en que por dicho corredor habitan serpientes, mamíferos, reptiles, aves y especies migratorias, que ya están siendo desplazadas. Un ejemplo de esa situación, dicen ellos, es que en el sector de Bucarica ya empezaron a aparecer serpientes, algunas de ellas venenosas.
“Con el fracaso de la obra se promueve un severo impacto en la economía de la región calculado aproximadamente en más de $1,4 billones de pesos”, lamentó el Comité Intergremial de Santander.
