Un problema de Estado

Por: Alfonso Gómez Méndez

El asesinato del director de la Modelo, coronel (R) Elmer Fernández, en condiciones de indefensión y desamparo, ha vuelto a poner en la agenda pública el recurrente tema penitenciario.

No es la primera vez que asesinan a un director de un establecimiento carcelario o a funcionarios de la guardia penitenciaria. En algunos casos, como en este, se trata de represalias de los “capos” de los patios por controles o requisas.

Del hacinamiento en las cárceles se está hablando desde hace más de cien años. Lo mismo ocurre con las fugas, que a veces generan, sin que sea eficaz, la salida del director. La lista es larga y puede ir desde la del narcotraficante hondureño Matta Ballesteros que salió por la puerta principal, hasta las más recientes como la cinematográfica de Aida Merlano, o la de “matamba”, con la complicidad de miembros de la guardia y hasta de oficiales de la policía, como se ha denunciado. Y, el más sonado: la “fuga” de Pablo Escobar de la cárcel que el Estado le había construido a su medida.

Después de que pasa cada una de estas coyunturas volvemos a olvidar los reales orígenes del problema.

Colombia no ha tenido una política criminal estable ni seria. Esa política pasa por los temas penales: creación o supresión de delitos; procedimentales: como el establecimiento equivocado del sistema acusatorio o, propiamente penitenciarios. Los tres eslabones deben integrarse. Pasamos de crear delitos o suprimirlos, casi siempre al vaivén de temas mediáticos. Con el mismo criterio se reducen o aumentan penas. Y, habría que agregar el factor de distorsión que significa las permanentes concesiones que ha tenido que hacer el Estado en la incesante búsqueda de la paz que lleva, por ejemplo, a que se pidan penas altas para la delincuencia común, pero “restaurativas” para delitos como homicidios, genocidios, secuestros, asesinatos a sangre fría y hasta para los de lesa humanidad, cometidos bajo el ropaje de la política.

Y en materia penitenciaria, los bandazos no han sido menores. Pasamos, de la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio de Justicia a la creación del INPEC, y luego a la de la USPEC, para el manejo contractual y de recursos. En esta última -cuya dirección siempre piden los políticos- se han presentado casos de corrupción que han pasado más o menos de agache en medio de tanto escándalo nacional.

El ministro de justicia -no siempre con razón- termina siendo cuestionado por cada fuga; por cada motín con muertos de por medio; por la corrupción de miembros de la guardia penitenciaria y, por el hacinamiento carcelario que no para, a pesar de algunos avances. Vale la pena pensar si este “chicharrón” se le sigue dejando al Ministerio de Justicia o se piensa en una entidad distinta que, por ejemplo, dependa de la presidencia.

Hemos tenido directores civiles, de la policía y hasta del ejército. Hay que tratar de manera distinta el hacinamiento, la corrupción -que no comprende a centenares de servidores honestos de la guardia- y la inseguridad interna y externa.

Para el hacinamiento la solución es sencilla, construir cárceles amplias y modernas o en algunos casos, colonias penitenciarias como lo sugiere Juan Lozano, que combinen la severidad con el respeto a la dignidad humana. Nada de cárceles al estilo Bukele. Ha faltado voluntad política para hacerlo. Como decía el maestro Echandía cuando ocupó la cartera de Justicia durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo: la construcción de cárceles no da votos y por eso la desidia del Congreso y de los ministros de hacienda para construir centros de reclusión. Ojalá lleguemos algún día, con políticas de prevención, a la situación de algunos países del norte de Europa que están cerrando cárceles porque ya no las necesitan. Mientras llegamos a ese ideal, construyamos las que se necesitan.