Resumen
La iniciativa del representante Óscar Villamizar busca derogar la ley de 'Paz Total', acusándola de agravar la crisis de seguridad en Colombia al permitir beneficios para grupos armados sin garantizar su desmovilización efectiva.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
El Representante a la Cámara por Santander del Centro Democrático, Oscar Villamizar, radicó un Proyecto de Ley que pretende derogar la ley 2272 de 2022, más conocida como la ley de “Paz Total”, que entregó facultades al Gobierno Nacional para adelantar acuerdos o negociaciones con grupos al margen de la ley.
Por Camilo Ernesto Silvera Rueda - Redacción Política / EL FRENTE
Por medio de esta normatividad quedó sancionada la prórroga a la Ley de Orden Público (Ley 418/97), que este Gobierno denomina de ‘Paz Total’, la cual permitiría, entre otras cosas, que el Ejecutivo negocie con los grupos armados ilegales del país.
Unos de los puntos que establece la normativa es la obligatoriedad de implementar en el plan nacional de desarrollo y en los planes de desarrollo locales de las entidades territoriales políticas, programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, así como la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial con los municipios más afectados por la violencia.
Además, establece que el gobierno podrá realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho “y entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones para lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados, los cuales deberán ir dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario; el respeto de los derechos humanos; el cese de hostilidades o su disminución y la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones”, según dice el texto de la ley.
La normativa también deja en claro que para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil.
Es un fiasco
Sin embargo, para el representante a la Cámara por Santander, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, la ley de Paz Total ha sido en gran medida la causante de la crisis de seguridad, humanitaria y social que está atravesando el país ya que entregó facultades ilimitadas al gobierno nacional y le permitió a los grupos de criminales delinquir con órdenes de captura suspendidas o ceses al fuego que ataron de manos a la fuerza pública por lo que el primer paso para recuperar la seguridad y el orden es acabar con la ley.
“El ELN aumentó su presencia en el 56% en el territorio nacional y el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales han asediado más del 75%. Nos cansamos de que los bandidos tengan mayores benefi cios y que este gobierno sea un aliado de ellos (...) En nombre de la justicia, no puede haber sometimiento y, en nombre de la paz no puede haber impunidad; sobre todo cuando sin seguridad el diálogo es inutil y la paz esquiva.”
Esta iniciativa legislativa además insiste en que no es conveniente ni jurídica, ni militarmente, ni administrativamente, permitir que los delincuentes comunes y los terroristas tengan otra salida que no sea el sometimiento a la justicia y la aplicación de la ley penal.
