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Gobierno apela al ‘Pánico Económico’ para acabar con empresas prestadoras de salud

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Resumen

El presidente colombiano, Gustavo Petro, busca reformar el sistema nacional de salud, lo que críticos afirman es un intento de politizar el sector. Acusan a Petro de tener una venganza contra profesionales de la salud, bajo la sombra de su pasado en la guerrilla.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
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Que oculta el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, cuando insiste una y mil veces en la reforma del sistema nacional de salud, por la solicitud de algunos sindicatos, especialmente de Fecode, que le son afines a su pensamiento y a sus estados de locura. Antiguamente, los hospitales públicos eran manejados por las comunidades religiosas, especialmente por las Hermanas de la Caridad, que apelaban a la realización de bazares y rifas para auto-financiarse.

Con la nueva Constitución Política de 1991, la salud se convirtió en un derecho fundamental para todos los colombianos y para los extranjeros legalmente establecidos en el país, de tal manera que los ricos y los pobres quedaron en condiciones de igualdad para aspirar a este beneficio. A la sombra de las disposiciones legales se crearon las ‘Empresas Prestadoras de Servicios de Salud’-- (EPS´s) --, como la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal), el Hospital Internacional de Piedecuesta, la clínica Fosunab y la Clínica del Dolor en Floridablanca, la compañía Colsanitas, todas las cuales están bajo control del ministerio de Salud.

Estas entidades, que le dan la oportunidad de trabajo al personal científico graduado en las Facultades de Medicina y de enfermería, lograron exitosos resultados y una cobertura total de sus servicios, dentro de los parámetros de la legislación colombiana. Fue Colombia el segundo país de América Latina, que logró la mayor cobertura en los servicios de salud y hospitalización, en condiciones de igualdad para todos los habitantes de este lugar del planeta.

Pero como se trataba de una gran conquista de los gobiernos de Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos Calderón e Iván duque Márquez, en sintonía con los partidos políticos tradicionales, llegó el ‘Cambio’ de un sistema democrático a un régimen comunista, empeñado en destruir todo lo bueno que se haya hecho en Colombia, para colocarle la marca del autoritarismo extremista que se ha tomado a Colombia.

El presidente Gustavo Petro quiere acabar son el ‘Sistema Nacional de Salud’ para politizarlo, en ejercicio de una recóndita venganza contra los profesionales de las batas blancas (Médicos, Enfermeros y Auxiliares de Enfermería), como si algo le estuvieran debiendo de su pasado tortuoso por las filas criminales de las guerrillas del Movimiento M-19, que el país incorporó a la vida civil de manera generosa, bajo la figura del ‘perdón y olvido’ por toda la violencia desatada en agrupaciones extremistas que fueron sus aliadas para llegar al poder.   Para imponer una reforma al sistema nacional de salud y colocarla bajo el control y manejo de las autoridades políticas de cada región, su ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha repartido puestos y ‘corbatas’ para los congresistas de las diferentes bancadas políticas, que le están haciendo enorme daño a la nación.

Desde octubre del año pasado está en marcha una conjura del actual Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y de sus compañeros del gabinete ministerial, para comprar la conciencia de los congresistas que le hicieron mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar la respectiva reforma, mientras se espera continuar con la compra de votos y conciencias en el Senado de la República, durante la nueva legislatura que comenzará el próximo dieciséis de marzo. El presidente Gustavo Petro, que es un personaje vengativo y de peligrosa inteligencia, está detrás de esta reforma a la salud, para lo cual han suspendido los giros a las empresas prestadoras de servicios de salud, incurriendo en el delito de ‘Pánico Económico’, para eliminar a los intermediarios privados que crearon clínicas y hospitales, contra las cuales existe la conjura presidencial de entregarle el mando de la salud a los gobernadores y alcaldes, para que hagan politiquería.

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