Resumen
Recientemente elegidos gobernadores y alcaldes en Colombia enfrentan demandas presentadas por individuos que intentan anular los resultados electorales. El alcalde electo de Piedecuesta, Oscar Javier Santos Galvis, es uno de los afectados por dichas demandas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Jamás la perfidia humana había llegado tan lejos en Colombia y, especialmente en Santander, hasta tratar de aniquilar la democracia, llevando al sacrificio de unos juicios temerarios a los señores gobernadores y alcaldes, recientemente elegidos, que debieron realizar denodados esfuerzos físicos y económicos para tratar de conquistar los escenarios democráticos. Pasadas las elecciones hemos visto a numerosos abogados litigantes tratando de arruinar la carrerea política de quienes se vinculan a la aventura de gobernar departamentos y municipios, donde los odios políticos han dividido a familias enteras y a ciudadanos de bien que confiaban en la seriedad de las elecciones.
Dos demandas presentadas en los últimos días por personas de poca relevancia social y académica, para quitarle la tranquilidad a quienes ganaron en franca lid los cargos de representación popular, colocan al alcalde electo de Piedecuesta, el doctor Oscar Javier Santos Galvis, en la disyuntiva de contratar abogados especializados en ‘Derecho Electoral’ para hacer respetar los derechos adquiridos en las urnas. Entre las pretensiones de los demandantes, exigen que se suspenda al alcalde Santos Galvis, por haberse reunido en el periodo de su campaña electoral, con candidatos de diferentes partidos políticos y movimientos sociales de otras organizaciones electorales, que participaban en la competencia.
Un saludo de amistad con individuos ajenos a su campaña electoral es un acto de elemental cortesía, consagrado en la Urbanidad del ciudadano y escritor venezolano, Manuel Antonio Carreño, que dejaron de enseñarla en los colegios y escuelas públicas del país. Las normas de urbanidad estarían prohibidas entre aspirantes a las gobernaciones y alcaldías que representaron a treinta y seis partidos políticos en las recientes elecciones de gobernadores y alcaldes.
El afán perverso de mortificar a quienes fueron ungidos con el voto popular genera confusión y despierta odios que se traducen en sectarismo político y hasta en actos de violencia que el Consejo Nacional Electoral ha debido prevenir a tiempo y definir a boca de urna quienes, de manera inapelable, merecían ocupar esos cargos.
Pretender torcerle el cuello a la jurisprudencia electoral bajo cualquier pretexto, para cobrar unos honorarios que los abogados reclaman, porque tienen la creencia que los segundos en los escrutinios deben ser consagrados para remplazar a quienes pusieron mayores resultados en las urnas, hace parte del catálogo de solicitudes que llegan a los tribunales administrativos y hasta el Consejo de Estado, utilizando al sistema judicial bajo cualquier pretexto.
Y es el caso del alcalde electo de Piedecuesta, doctor Oscar Javier Santos Galvis, una persona honesta e impecable, que ganó limpiamente las elecciones en la competencia electoral, donde alguno de sus adversarios quería encargarse de controlar por segunda vez las rentas provenientes de la privatización del alumbrado público, de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado. Con las dos demandas sobre presunta doble militancia política, alguien que perdió las elecciones quiere manejar los negocios de la ‘Piedecuestana de Servicios Públicos’ y eso se llama ‘Corrupción’.
