Resumen
La Corte Suprema de Justicia de Colombia investiga al presidente del Senado, Iván Name Vásquez, por presuntos vínculos con la banda delictiva Los Rastrojos. Se le acusa de haber usado su influencia para manipular las elecciones de 2022 y haber ordenado un asesinato.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una indagación previa al presidente del Senado, Iván Name Vásquez, debido a su presunta vinculación con la banda delictiva Los Rastrojos o Los Rastrojos Costeños, liderada por el alias Negro Ober.
La decisión se basa en los testimonios proporcionados por alias Brayan y Juan Manuel Borré Barreto, conocido como Pistón, un exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que posteriormente se unió a Los Rastrojos.
Según Pistón, esta organización criminal habría respaldado a la familia Name en el Atlántico para asegurar que tanto Iván como José David Name obtuvieran escaños en el Congreso de la República durante las elecciones legislativas de 2022. De acuerdo con su declaración, realizaron campañas en ciertos sectores de los barrios de Barranquilla, influenciando a la población para votar por ellos.
Adicionalmente, el exparamilitar afirmó que el senador objeto de investigación habría ordenado el asesinato de un exconcejal en la entrada de La Pradera, detrás del pueblito, lo que añade un nivel más grave a las acusaciones.
La investigación también tiene en cuenta otro testimonio de 2023, en el que se revela que se realizaron campañas en varios barrios de Barranquilla para el primo de Name. Este testimonio fue obtenido durante una indagatoria al exrepresentante a la Cámara Yahir Acuña Cardales en otro proceso.
La indagación previa está en manos del magistrado Héctor Alarcón, quien la recibió a finales de 2023. La compulsa de copias fue realizada por el presidente de la Sala de Instrucción del año pasado, César Reyes, con base en los testimonios de los dos miembros de Los Rastrojos.
El tribunal ha ordenado la verificación del proceso en la Fiscalía, con el fin de conocer el estado de la investigación y determinar si hay otras declaraciones relevantes para el caso. La gravedad de las acusaciones y la posible implicación de un alto funcionario del Estado añaden una capa de complejidad a este escándalo en desarrollo.
