Resumen
El artículo discute los conflictos en Colombia entre el Presidente Gustavo Petro, el Canciller Álvaro Leyva Durán y la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco. Sugiere que las tensiones y le falta de respeto a las instituciones pueden estar dirigiendo al país hacia una dictadura.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La soberbia y vanidad de los gobernantes suele ser su fracaso. En Colombia, que es un país democrático, existen tres ramas del poder público, cada una con funciones constitucionales propias, que en conjunto deben contribuir al ejercicio de su autoridad y al bienestar de la nación. La rama legislativa dicta las leyes, la rama ejecutiva hace cumplir las leyes y la rama judicial, a la cual pertenece también la fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, castigan y sancionan a quienes no cumplen las leyes.
Al presidente de la República y sus ministros los investiga, en materia penal, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que debe compartir su actuación con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General. Los parlamentarios, ministros y gobernadores, por razón del fuero constitucional, están sometidos a las investigaciones de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En el reciente choque de trenes entre el Presidente Gustavo Petro y el Canciller Álvaro Leyva Durán, por las sanciones disciplinarias que ha impartido la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se ha roto la relación con la rama ejecutiva del poder público, con enormes consecuencias para la estabilidad de las instituciones democráticas.
Ponerse de ruana las determinaciones del ministerio público, por desacato a una sanción disciplinaria, es igual a romper el texto de la Constitución Nacional, para abrirle un boquete al ordenamiento jurídico, donde el desacato comporta desobediencia a las normas superiores que garantizan la armonía en el ejercicio del poder. El mal ejemplo del presidente Gustavo Petro frente a la nación y su obcecada actitud frente al país, está degenerando en una tiranía, camino a la dictadura.
El canciller Álvaro Leyva Durán se enfrenta a unas investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, donde se intuye y se deduce que hubo presunto tráfico de influencias en un contrato millonario para adquirir las libretas de los pasaportes diplomáticos que debe expedir el Ministerio de Relaciones Exteriores en papelería de alta seguridad. Mientras esto ocurre, en otros ámbitos de la investigación penal hay un reclamo internacional por haberle quitado el suculento negocio a una Casa Editorial que imprime documentos de alta seguridad para los turistas y migrantes, que entran y salen de Colombia hacia cualquiera de los cinco continentes.
El presidente Gustavo Petro Urrego fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá por el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado y años después recuperó sus derechos civiles y su reintegración al cargo, habiendo jurado que acabaría con la Procuraduría General de la Nación. Ahora, su nuevo mejor amigo, el canciller de la república, Álvaro Leyva Durán, repite la hazaña de enfrentarse a la jefatura de los organismos del control disciplinario, cuyas consecuencias serán desastrosas para la estabilidad y respeto por las instituciones. ¡Petro estaría labrando el camino hacia la dictadura!
