Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
No se entiende el lenguaje que manejan los alzafuelles del gobierno del presidente Gustavo Petro y hasta el propio mandatario izquierdista, incitando a la protesta y a la sublevación contra la Fiscalía General de la Nación y contra la Procuraduría General, que investigan la presunta procedencia de los dineros ilícitos utilizados en la campaña electoral, mientras se agitan los pañuelos blancos de la política de la ‘Paz Total’, que más bien parece una invitación a la guerra civil para destrozar las instituciones, que durante dos siglos crearon los gobiernos republicanos, los mandatarios liberales y conservadores, de unos partidos históricos que han sido como las grandes catedrales de la democracia.
Noticias contradictorias que se presentan todos los días, desde el 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro, en su condición de presidente constitucional, llamó a calificar servicios a cuarenta y dos (42) señores oficiales superiores de la fuerza pública, entre Brigadieres Generales y Mayores Generales, veteranos en la lucha contra la subversión y el narcotráfico, con el pretexto de evitar un posible golpe de estado contra este personaje del Movimiento M-19, que había osado sentarse en el Palacio Presidencial, después de haber enfrentado con las ametralladoras de la subversión y el terrorismo a las fuerzas militares y policivas de nuestro país.
Han pasado dieciocho meses de escándalos diarios que han protagonizado los nuevos amos del poder presidencial en Colombia, con las ráfagas y destellos que generan los proyectos de reforma legal y constitucional, para acabar con el Plan Nacional de Salud, para modificar el régimen laboral, para subsidiar las pensiones de jubilación de tres millones de personas que nunca cotizaron para los organismos de seguridad social y para humillar al ejército y la policía, que enfrentaron la avalancha terrorista promovida por supuestos estudiantes y profesores de las universidades públicas, en alianza con los sindicatos, que ahora tienen altas cuotas burocráticas en la Empresa Colombiana de Petróleos y en el Fondo Nacional de Pensiones.
En medio de la incertidumbre que ha creado el gobierno de Gustavo Petro, descalificando las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General, aparecen algunos de sus familiares y algunos de sus aliados comprometidos en la receptación de donaciones de dudosa procedencia, para financiar la campaña presidencial, donde el Sindicato de Fecode confiesa haber aportado quinientos millones de pesos de las cuotas sindicales, como si esos dineros no hubieran salido también de los fondos del estado colombiano donde se pagan los sueldos de la nómina de ‘educadores’.
Uno de los hijos del señor presidente se volvió millonario de la noche a la mañana y hasta se divorció de su primera esposa, para comprar un palacete en la ciudad de Barranquilla, con su nueva compañera sentimental, con el fin de incrementar su patrimonio económico a la sombra de dineros de procedencia ilícita que no fueron registrados en los libros de contabilidad de la campaña electoral, como ordena la legislación. A la inestabilidad jurídica de la nación, se suma la inestabilidad política, dando la impresión que el gobierno del presidente Petro está jugando a la anarquía, cuando ha debido convocar a todas las fuerzas políticas de la nación para concertar los acuerdos que conduzcan a la preservación de los valores democráticos.
