Resumen
El artículo critica la creciente violencia en Colombia y Venezuela debido, en parte, a la ignorancia y falta de educación política. Resalta la importancia de las instituciones democráticas como defensoras de los derechos ciudadanos y llama a valorar y protegerlas.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La ignorancia en materia política ha llevado a los grupos emergentes en Colombia y Venezuela a multiplicar la violencia guerrillera y paramilitar, como si la solución definitiva fuera el camino de la guerra revolucionaria, que solamente ha traído desolación y caos. Pensar que alias ‘Iván Mordisco’, de las disidencias criminales de las FARC, pueda ser presidente de Colombia y que Salvatore Mancuso Gómez pueda ser ‘Gestor de Paz’ son la utopía más grande que haya padecido América Latina, porque cambiarían los patrones éticos de toda la sociedad, que odia la falsedad y la mentira en la que se mueven los bandidos amangulados con los nuevos amos del poder.
Cuantos muertos a causa de la violencia guerrillera y paramilitar, para terminar en tablas, negociando girones de patria, destrozando la composición histórica de los departamentos y regiones, donde otrora prevalecieron el respeto por la dignidad de los seres humanos, bajo el alero de la doctrina social de la Iglesia Católica y de las organizaciones cristianas, que de alguna manera representan los pilares morales de gran parte del continente americano. No estábamos preparados para soportar el delirio de un gobierno que cada día se identifica mas con la presencia activa de los grupos armados ilegales, que con las fuerzas militares y de policía, que deben combatirlos como brazo armado de la Constitución Política y de las Leyes de la República.
Una democracia agonizante, donde lo malo sería el régimen de libertades que heredamos de los héroes de la guerra de la independencia nacional, cuando antes prevalecía la esclavitud promovida por las élites que desde Bogotá monopolizaban el poder público. La Constitución Política de 1991 creó nuevas instituciones para las tres ramas del poder público. En la rama legislativa las mujeres conquistaron espacios de igualdad con los varones para ejercer cargos públicos, como lo hemos observado en el gobierno nacional, en las administraciones departamentales y municipales. Hay tantas normas e instituciones para proteger la democracia, que tenemos un Consejo Nacional Electoral, que establece las condiciones para elegir y ser elegidos, mientras se multiplican los nuevos partidos políticos, por el atractivo de los subsidios electorales.
Para defender los derechos de los ciudadanos tenemos en Colombia la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
Para dictar las leyes y tramitar reformas constitucionales existe el Congreso de la República, con sus dos cámaras legislativas. Para proteger el orden jurídico establecido y adelantar las investigaciones que sean necesarias, tenemos la organización judicial más costosa del mundo. Hay que defender las instituciones que garantizan la libertad en todas sus manifestaciones; el derecho a la propiedad obtenido a justo título y el derecho al trabajo y al empleo digno; los derechos adquiridos por los ciudadanos, que dedicaron sus vidas al trabajo honrado; y los valores morales que heredamos de nuestros mayores y de nuestros padres que nos dieron la vida y la educación.
