Resumen
Danny Alirio Villamizar Meneses y sus socios son dueños del nombre comercial "Empresa Licorera de Santander S.A.S.", aunque la fábrica permanece en manos del gobierno local. Esto genera una controversia jurídica y ética.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Para muchos santandereanos, la Licorera de Santander es entendida como la fábrica de licores existente en el municipio de Floridablanca, pero la verdad es que esta última es una cosa, mientras que jurídica y comercialmente el nombre de la misma es otra.
La fábrica aún permanece en manos del gobierno departamental, pero el nombre comercial les pertenece hoy a los señores Danny Alirio Villamizar Meneses, Alcibíades Blanco Téllez y sus esposas Juliana Patricia Villabona Pabón y Diana Carolina Sánchez Porras respectivamente.
No es la primera vez que Danny Alirio está en el centro de una controversia, pues vale la pena recordar que su nombre aparece en un conflicto judicial por el supuesto préstamo de unos dineros para la campaña a la cámara de su hermano cuando participaba en política a nombre de Opción Ciudadana, de la misma forma que se vio involucrado en la asignación de unos subsidios del programa Agro Ingreso Seguro para una finca en el municipio de Girón que terminó envuelta en un problema de tierras de pleno conocimiento nacional.
Sumado a esto, Danny Alirio también presenta en su haber la relación de padrinazgo que tuvo con el dueño de una empresa que se quedó con 667 millones de pesos de un contrato de reforestación en Floridablanca donde su hermana Ingrit era la supervisora designada para el mismo, empresa que tuvo que afrontar un proceso por el indebido manejo de regalías en Córdoba durante el mandato de Alejandro Lyons.
Y para completar, le puso su nombre a una concesión de licencias mineras en el municipio de Simití, donde la Corporación Ambiental de Bolívar le acaba de abrir una investigación de tipo ambiental de la cual muy seguramente saldrá bien librado, porque si hay algo que caracteriza a Villamizar Meneses es que en todas las oportunidades ha demostrado haber actuado dentro del marco de la ley.
Es esta misma persona la que inscribió el día 24 de abril de 2020 una sociedad comercial con el nombre de “Empresa Licorera de Santander S.A.S.”, aprovechando la ventana legal que le permitieron los actos administrativos de la Gobernación de Santander que en el año 2000 ordenaron la liquidación de la empresa sin prever la protección de sus símbolos, su nombre y sus propias marcas (Decreto 018 del 28 de enero de 2000). 20 años de libertad durante los cuales cualquier ciudadano hubiese podido hacer lo mismo, pero fue Villamizar junto con Diana Sánchez Porras, esposa de Alcibíades Blanco e hija del dueño de la empresa Discon S.A.S., recordada por las concesiones de alumbrado público de los municipios del Socorro, Tunja, Duitama, San Alberto y contratistas de la misma Gobernación de Santander y Aguas de Barrancabermeja, los que hoy posan como dueños del nombre de una de las empresas de más recordación en la memoria de esta tierra.
Lo que sigue a continuación está en manos del gobernador Juvenal Díaz quien tendrá que afrontar el debate jurídico, mientras Villamizar Meneses y sus socios se enfrentan a la controversia ética ¡Suerte para todos!
