Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Un informe reciente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) revela que cerca del 10% de las mercancías que ingresaron a Colombia entre 2018 y 2022 lo hicieron de forma ilegal, sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.
Esta alarmante cifra representa un total de 41.430 millones de dólares en productos de contrabando que han entrado al país durante los últimos seis años, con un promedio anual de 6.900 millones de dólares.
De acuerdo con la Dian, el 90% del contrabando detectado durante este periodo corresponde a la modalidad conocida como "contrabando técnico", donde la información proporcionada en la declaración de importación es falsa o inexacta. Los contrabandistas se aprovechan de las flexibilidades del estatuto aduanero y de las limitaciones de personal en las aduanas para evadir los controles y pagar menos impuestos.
El sector textil y de confecciones es uno de los más perjudicados por el contrabando, con un promedio del 20% de su valor total ingresando al país de forma ilegal. Esta situación genera una competencia desleal para los productores nacionales, quienes sí cumplen con las obligaciones tributarias y aduaneras.
China encabeza la lista de países de origen del contrabando que ingresa a Colombia, con un 28% del total durante los últimos cinco años, lo que representa un promedio anual de 2.119 millones de dólares.
Le siguen Estados Unidos y Bolivia, con un 8% cada uno y un promedio anual de 588 millones de dólares. Panamá y Brasil completan el top 5, con 365 y 354 millones de dólares anuales, respectivamente.
En la capital de Antioquia, el impacto del contrabando es particularmente severo en el sector textil y de confecciones. Las autoridades locales han hecho un llamado a la comunidad para denunciar este tipo de actividades ilegales que tanto daño causan a la economía local y nacional.
Las cifras presentadas por la Dian son un llamado urgente a las autoridades para intensificar las acciones de control y combate al contrabando. Se requiere una mayor inversión en tecnología y personal para las aduanas, así como una reforma del estatuto aduanero que cierre las brechas que permiten la evasión fiscal.
