Resumen
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La mayor conquista lograda por las universidades públicas en los últimos cincuenta años fue la autonomía universitaria, que establece la participación de varios estamentos en la escogencia de las autoridades académicas y administrativas. Fue la lucha que libraron los profesores y los estudiantes, liderados por Jaime Arenas Reyes, para realizar elecciones internas, en tratándose de la escogencia del Rector. Reyes movilizó a las comunidades universitarias de todo el país durante el gobierno del expresidente Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, incluyendo marchas multitudinarias desde Bucaramanga y Medellín, para imponer un sistema democrático al interior de los establecimientos de formación profesional.
La hazaña de Jaime Arenas Reyes, quien años después de conseguir la autonomía para todas las universidades públicas, terminó su vida en manos de la violencia provocada internamente por el autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’, después de revelar en un libro titulado ‘La guerrilla por dentro’, cuáles fueron las falacias y los errores estratégicos cometidos por este grupo insurgente, que todavía tiene cabida en los conflictos que afronta la Universidad Industrial de Santander.
Este trofeo de la ‘Autonomía Universitaria’ fue sepultado ayer por un decreto del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, que desconoció los mecanismos institucionales para la designación del rector de la Universidad Nacional de Colombia, que se encuentra en paro desde hace varias semanas, porque el candidato escogido no fue del agrado del sanedrín que rodea al primer mandatario de la nación. El viejo Leopoldo Múnera fue elegido rector de la Universidad Nacional por orden del presidente Gustavo Petro y por un Consejo Superior de bolsillo, pese a la tutela impetrada por el profesor José Ismael Peña, ilustre santandereano que ha dedicado su vida a la educación superior.
La designación de Múnera se dio con cinco votos a favor: el viceministro Álvarez, las dos representantes del presidente de la República -María Alejandra Rojas Ordóñez y Nataly Garzón-, Víctor Manuel Moncayo, nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior, y la representante estudiantil Laura Quevedo. Los otros tres consejeros se abstuvieron de votar, argumentando que se les estaba induciendo a cometer un delito y a desobedecer la orden judicial conocida la semana pasada en la que se tutelaba el derecho al debido proceso (incluido el principio de presunción de legalidad de acto administrativo) del profesor José Ismael Peña como rector de la Nacional. Los consejeros que se abstuvieron de votar fueron Diego Torres (representante de los profesores), Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) y Verónica Botero (designada del Consejo Académico). Así se consumó la flagrante violación de la autonomía administrativa en las universidades públicas.
