Resumen
La Procuraduría General de la Nación amplia la investigación por corrupción en la UNGRD, incorporando a Víctor Andrés Meza y Daniela Andrade Valencia. Los funcionarios están vinculados a posibles sobrecostos en un contrato para tres plantas desalinizadoras en La Guajira.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
La Procuraduría General de la Nación ha ampliado el círculo de investigados en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Las nuevas pesquisas se centran en las presuntas irregularidades en la contratación de tres plantas desalinizadoras para La Guajira, un proyecto que, según las primeras indagaciones, podría haber implicado sobrecostos millonarios.
Víctor Andrés Meza (foto), exsubdirector general de la UNGRD, y Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora, son los nuevos nombres vinculados a este caso.
Según el órgano de control, ambos funcionarios habrían tenido un papel clave en la adjudicación del contrato a un contratista que, presuntamente, no presentó la mejor oferta.
De acuerdo con la Procuraduría, Meza, en conjunto con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habría instruido a la fiduciaria para que elaborara el negocio jurídico que favoreció al contratista seleccionado.
Por su parte, Andrade Valencia, en calidad de representante de la Fiduprevisora y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, habría suscrito el contrato.
Sobrecostos millonarios
Lo más grave de este caso es el presunto sobrecosto de las plantas desalinizadoras. Mientras que el Ministerio de Vivienda había adquirido equipos similares por alrededor de 5.000 millones de pesos cada uno, la UNGRD pagó 42.000 millones de pesos por las tres plantas. Esto significa que, con el mismo dinero, se podrían haber construido ocho plantas desalinizadoras.
Además de las plantas desalinizadoras, Meza también es investigado por las presuntas irregularidades en la contratación de alquiler de carrotanques para el departamento de Córdoba, un proceso en el que también se vinculó a Nelson Raúl Triana, representante legal de la sociedad Proyect ING.
La Procuraduría ha enfatizado que, luego de revisar las pruebas y los documentos allegados, existe suficiente evidencia para iniciar un proceso disciplinario contra los funcionarios involucrados.
Este nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD pone de manifiesto la gravedad de las irregularidades cometidas y las millonarias pérdidas para el Estado.
