Resumen
La comunidad rural de Ocaña enfrenta preocupación y temor por el aumento de secuestros y violencia. El reciente caso de Bartolomé Trigos Álvarez, un avicultor secuestrado, enfatiza el problema. Los comerciantes denuncian el impacto en la economía y llaman al gobierno a buscar soluciones y diálogos.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
En la zona rural del municipio de Ocaña, la comunidad vive momentos de preocupación y temor debido al incremento de secuestros y actos de violencia contra la población civil. El caso más reciente es el de Bartolomé Trigos Álvarez, un avicultor de 72 años que fue secuestrado el pasado fin de semana mientras se dirigía, junto con su esposa, a los galpones de pollos de engorde en el corregimiento de Aguas Claras, vereda El Salado.
Según informan las autoridades, Trigos Álvarez fue interceptado por un grupo de hombres armados que lo llevaron a la fuerza hacia las montañas, dejando a su esposa atrás y en un estado de conmoción. Hasta el momento, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del secuestro, lo que mantiene a la familia en incertidumbre y preocupación por su salud.
Este caso se suma a una serie de secuestros ocurridos en la región en los últimos meses. Entre las víctimas se encuentran Sanín Antonio Mena Pérez, abogado de 88 años, secuestrado en mayo de 2023, y Evangelista Bohórquez Contreras, un avicultor de 77 años, de quienes no se ha tenido noticias desde su desaparición. Las familias de estos ciudadanos siguen esperando pruebas de supervivencia que confirmen que se encuentran con vida.
La situación ha sido calificada como “alarmante” por el gremio de comerciantes de la provincia de Ocaña, quienes denuncian que el secuestro y la extorsión están afectando gravemente la economía local.
Además del aumento de los secuestros, los comerciantes y residentes de la región han denunciado una “escalada terrorista” contra la población civil, lo que ha llevado a un clima de inseguridad que dificulta las actividades económicas y cotidianas. En respuesta a esta situación, hacen un llamado al Gobierno nacional para que reanude los diálogos con los grupos armados y busque una solución que permita restablecer la tranquilidad en la zona.
La comunidad también ha pedido al nuevo obispo de la Diócesis de Ocaña, Orlando Olave Villanova, que interceda para facilitar el diálogo con los actores armados y promover un proceso de reconciliación. Al mismo tiempo, exigen una mayor presencia estatal y que se agilicen las inversiones del pacto territorial del Catatumbo para cerrar las brechas en desarrollo y seguridad que afectan a la región.
La situación en Ocaña refleja un problema más amplio que aqueja a las zonas rurales del Catatumbo, donde la presencia de grupos armados y el control territorial generan un ambiente de inestabilidad constante para la población civil.
