"La Fuerza Pública con las manos atadas": Alcalde de Bucaramanga cuestiona nuevo decreto
El nuevo decreto 1231 de 2024, emitido por el Gobierno Nacional, ha generado gran controversia en el país, especialmente entre las autoridades locales.
Este documento, que busca reglamentar el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, ha sido calificado por el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, como una medida que "atará las manos" a los uniformados.
Según el decreto, los miembros de la Policía deberán emplear la fuerza de manera necesaria, proporcional y racional, únicamente cuando sea imprescindible para hacer cumplir la ley.
Además, el uso de armas de fuego queda restringido a situaciones extremas, cuando otros medios resulten insuficientes.
El alcalde Beltrán expresó su preocupación ante estas nuevas disposiciones, argumentando que los delincuentes podrían aprovechar esta situación para cometer más delitos y que la ciudadanía quedaría desprotegida.
"Con este decreto, estamos enviando un mensaje equivocado a los violentos, quienes ahora tendrán más libertad para actuar", afirmó el mandatario local.
Beltrán también hizo énfasis en la importancia de que la Policía pueda proteger los bienes públicos y privados, señalando que el nuevo decreto podría limitar su capacidad para hacerlo.
"La Fuerza Pública necesita tener las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", agregó.
Otro punto que ha generado debate es la disposición que permite a los ciudadanos grabar las intervenciones policiales. Si bien esta medida busca promover la transparencia, el alcalde Beltrán considera que podría poner en riesgo la seguridad de los uniformados y obstaculizar su trabajo.
La implementación de este nuevo decreto ha generado un intenso debate a nivel nacional, con diversas opiniones al respecto. Mientras algunos sectores de la sociedad lo consideran un avance en materia de derechos humanos, otros lo ven como una amenaza para la seguridad ciudadana.
En los próximos días se espera que el Gobierno Nacional y las autoridades locales continúen con el análisis de las implicaciones de este decreto y busquen soluciones que garanticen tanto la seguridad ciudadana como el respeto a los derechos humanos.
