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Fiscalía debería investigar compra-venta de AVALES

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En medio de la barahúnda creada por la proliferación de partidos políticos en Colombia, cuyo control por parte del Consejo Nacional Electoral se has desbordado, ha sido imposible, para la justicia colombiana, investigar la compra-venta de AVALES, que debe considerarse como una falla gravísima de la legislación electoral.

Cuando se pone precio al trámite de las solicitudes que habilitan a los ciudadanos para guarecerse bajo el paraguas de cualquiera de los treinta y cinco partidos políticos que existen en Colombia, no se ha tenido en cuenta que la corrupción electoral en el trámite de los AVALES constituye una vergüenza para la democracia colombiana.

Le correspondería a la Fiscalía General de la Nación hacerse cargo de las investigaciones de carácter penal que deberían realizarse contra la compra-venta de unos certificados que expiden los partidos políticos legalmente constituidos y donde prevalecen los intereses de las camarillas electorales, que cobran abultadas sumas de dinero.

Se han conocido casos como los que se denunciaron a tiempo en el departamento de Santander, donde a un aspirante a la alcaldía de Floridablanca le solicitaban, de manera soslayada y con la presunta complicidad de unos intermediarios del partido conservador, que aportara la suma de trescientos millones de pesos a cambio de obtener el codiciado salvoconducto para inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, como aspirante al cargo de alcalde.

A esa denuncia pública le echaron tierra y quisieron taparla aplicando la ‘Ley del Silencio’ y la descalificación de quienes rebelaron estos desatinos. Jamás habían existido estos comportamientos en el Partido Conservador de Santander. Siendo esta colectividad el símbolo de la honradez y del respeto por los valores éticos, ¿por qué han descendido tan bajo en la feria de vanidades en que se ha convertido el ejercicio de la política?

Otro partido político, creado en el departamento del Cauca por un exsenador de la antigua ‘Convergencia Ciudadana’ volvió a buscar incautos en el departamento de Santander, con cierto personaje que dice ser su representante legal, con el solo propósito de autofinanciarse con el cobro de los subsidios electorales que reconoce la legislación colombiana.

Existen en Colombia gavillas familiares que se han dedicado a los negocios privados, bien remunerados por cuenta de la picaresca contratista, acaparando nombramientos en los altos cargos y negocios para miembros de sus respectivas organizaciones, que han monetizado para su peculio personal, la venta de avales, un fenómeno que debería tener un capítulo especial en el Código Penal.

Los falsos apóstoles de la honradez, predican a los cuatro vientos el ejercicio limpio de la política, cuando son, como en el pasaje bíblico, sepulcros banqueados y figuras de cera que se derriten a la luz del sol. Hay que legislar lo más pronto posible para devolverle majestad al ejercicio de la actividad política, reafirmando que muy pocas organizaciones electorales, de las treinta y cinco (35) agrupaciones electorales que existen en Colombia, pueden representar con dignidad a esta nación, que se hunde en las aguas sucias y en los laberintos de la concupiscencia nacional.

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